El tribunal del arbitraje Daniel W. Kappes and Kappes, Cassiday & Associates v. Guatemala ha rechazado los argumentos de la demandada para que el tribunal desestime la demanda, en base a que no pueden reclamar las pérdidas de una empresa local en la que han invertido en virtud del DR-CAFTA.
Asimismo, Guatemala sostenía que el conflicto “no se encuentra dentro de la competencia del tribunal”.
Los demandantes, por su lado afirmaban que, como propietarios directos e indirectos de Exmingua (su subsidiaria en Guatemala), adquirieron todos los derechos legales, el título y la participación en los proyectos mineros suspendidos dentro del Cinturón Regional de Oro “Tambor“, en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, y Santa Margarita, San Pedro Ayampuc.
El tribunal concluye, entre otros: “con respecto al artículo 10.16.1(a), el texto que adoptaron no contiene ningún texto que sugiera que se interprete de otra manera que a través del significado común de sus términos – y los términos concretos adoptados no son consistentes con la prohibición de que un demandante presente una reclamación “por cuenta propia” por pérdidas en las que “incurrió”, sólo porque dichas pérdidas pueden haber sido incurridas de manera indirecta y no directa.”
En cuanto a la reclamación de trato de “Nación más favorecida” -que los demandantes no incluyeron en su Notificación de arbitraje-, el tribunal concluye desestimando también.
Origen e historia del arbitraje
En 2011 Exmingua consiguió la concesión y licencia de explotación de 25 años, y un certificado de exportación de oro y plata renovable por un año en Tambor. Tenía licencia de exploración para Santa Margarita desde 2005.
En 2012, los vecinos de las comunidades cercanas comenzaron sus protestas con el bloqueo de los accesos a la mina de oro el Tambor. A partir de ese momento graves denuncias contra los derechos humanos se dieron en la prensa, se relacionaban con la resistencia contra el trabajo en la mina. Una de las más graves tuvo lugar en septiembre de 2013 contra la comunidad maya de Nacahuil: once personas fueron asesinadas (ver “Masacre en la comunidad maya kakchikel de Nacahuil, opositora a la Mina El Tambor“, Diagonal, 09.09.2013).
Los demandantes afirman consideraron que el Estado no tomó medidas significativas o efectivas para detener este bloqueo.
En mayo de 2014 la policía nacional guatemalteca rompió el bloqueo y desalojó a los manifestantes reanundándose las actividades de explotación.
En 2016, el Tribunal Supremo suspendió las actividades mineras tras una demanda presentada por la ONG Calas, en la que invocaba el no cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
A finales de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional de Guatemala dictaminó que el Ministerio de Energía y Minas guatemalteco no consultó a las comunidades locales afectadas (San José del Golfo y San Pedro Ayampuc) en el momento de aprobar el permiso para el proyecto, por lo que violó los derechos de las comunidades indígenas cercanas, como fue el caso del pueblo La Puya.
Kappes, Cassiday and Associates, Exmingua, junto a Radius Gold (minera canadiense implicada también en el proyecto), consideraron la orden del tribunal inconsistente y pidieron su revocación.
