El 5 de junio de 2020, el tribunal del arbitraje Joshua Dean Nelson, propietario de la empresa Tele Fácil, contra México ha dado la razón al gobierno mexicano que recibirá del demandante más de dos millones de dólares en concepto de costos de arbitraje.
El tribunal rechaza la excepción a la jurisdicción, la reclamación por expropiación ilícita y la reclamación por trato injusto e inequitativo planteadas por el demandante y lo condena al pago a México de de 2.054.199 $ en costos del arbitraje.
El 27 de abril de 2016, los accionistas Jorge Luis Blanco y Joshua Dean Nelson, en su nombre y en el de Tele Fácil, presentaron una Notificación de Intención de arbitraje de conformidad con la Sección B del Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), reclamando el pago de 500 millones de dólares. A finales de 2017 el arbitraje era un hecho ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
En la notificación se explicaba que las medidas tomadas por México beneficiaron a su competidor Telmex: “que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) revirtió lo resuelto en su resolución de 2014 con motivo de un desacuerdo de interconexión entre Telmex y Tele Fácil con respecto a las tarifas de interconexión supuestamente acordadas y establecidas entre dichos actores. Estas determinaciones fueron impugnadas ante los tribunales mexicanos, sin embargo, Tele Fácil sostiene que éstos no atendieron apropiadamente la conducta del IFT al negarle la aplicación de las tarifas altas de interconexión acordadas originalmente con Telmex.”
En octubre de 2018 México pidió al tribunal encargado del caso -lo constituyen el colombiano Eduardo Zuleta (presidente), el británico V.V. Veeder (designado por los demandantes) y el mexicano Mariano Gomezperalta (designado por la demandada)- que desestimara la demanda de arbitraje porque, entre otros, de ninguna manera impidió la operación de Tele Fácil y, por lo tanto, no se puede hablar de una expropiación.
Según México, Tele Fácil había ejercido los recursos legales disponibles para impugnar estas decisiones y el hecho de que los Tribunales Especializados hubierna fallado en su contra no implicaba que se le haya denegado la justicia.
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