La cancelación del proyecto de construcción del aeropuerto de México anunciada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ganador de las últimas elecciones mexicanas, tras celebrar un referéndum en el que los ciudadanos rechazaron el proyecto a favor de la opción de mejora del aeropuerto de Santa Lucía, ha despertado una extensa preocupación sobre las posibles consecuencias legales, entre las que se cuenta una posible demanda de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional.Aunque la toma de posesión de López Obrador no se producirá hasta el próximo 1 de diciembre, las declaraciones del presidente electo han instaurado la preocupación entre los contratistas de un proyecto valorado en 11 billones de dólares.
Incertidumbre en los mercados
AMLO ha explicado, en declaraciones recogidas por la prensa (ver “López Obrador cancela construcción de aeropuerto en México“, AFP, Banca y Negocios, 29.10.2018), que existe la posibilidad de que esos contratistas comprometidos se reubiquen en las nuevas obras del aeropuerto de Santa Lucía o se llegue a un arreglo. Sin embargo, Enrique Peña Nieto, actual presidente hasta la toma de posesión, no ha detenido las obras y ha advertido de las consecuencias de la ruptura de los compromisos y sobre la pérdida de confianza en el país (ver “Peña Nieto no parará la construcción del Aeropuerto en Texcoco“, Noventa Grados, 31.10.2018).
Además de una marcha convocada contra la paralización de las obras del aeropuerto de México, grupos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial ha hecho público un comunicado relacionado con su preocupación sobre el tema en el que indica que se trata de “un mensaje grave de incertidumbre a los mercados internacionales, a los inversionistas y a todos los ciudadanos, al incumplir compromisos del Estado Mexicano y quebrar el marco jurídico vigente”, y, entre otros, agrega que: “La cancelación del NAIM tendrá implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y contratistas, pero especialmente riesgos reputacionales en perjuicio de México y de futuros proyectos que requieren inversión nacional e internacional, como el Tren Maya”.
Ayer la Global Arbitration Review anunciaba las posibles consecuencias de esta decisión haciendo alusión a una demanda que se estaría fraguando ante la Cámara de Comercio Internacional por sobrecostos de este proyecto que según los expertos, si la decisión de paralizarlo de AMLO se mantiene, podría no ser la única (ver “Scrapping of Mexican airport project may trigger treaty claims“, GAR, 13.11.2018).
