Un tribunal de República Dominicana ha rechazado que el conflicto que mantiene el país con la cementera estadounidense Sargeant Petroleum se dirima en tribunales dominicanos. La compañía reclama 57 millones de US dólares en una demanda de arbitraje de inversiones.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana interpuso una demanda ante el Tribunal Superior Administrativo con el objetivo de que la controversia con la cementera se resolviera en jurisdicción nacional al tratarse de una relación contractual celebrada entre la compañía y el Estado, en lugar de a través del procedimiento de arbitraje de inversiones abierto en mayo de 2022 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
El tribunal dominicano ha entendido que existía “una prorrogación natural de la disputa hacia el arbitraje de inversión” (ver “TSA envía al Estado a arbitraje internacional“, Listín Diario, 14.06.2023), y aceptó la excepción de incompetencia alegada por la empresa estadounidense.
La estadounidense denuncia que sus inversiones han sido indirectamente expropiadas en virtud de un contrato con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de la República Dominicana de mayo de 2013.
Sargeant denuncia que el MOPC dejó de pagarle a partir de 2019, a pesar de que sí siguió pagando a otros contratistas de asfalto que operaban con contratos celebrados sin un proceso de licitación transparente.
