El conflicto por mina Cobre Panamá que ha llevado a la minera canadiense First Quantum Minerals y a Minera Panama a presentar dos arbitrajes internacionales contra Panamá por las exigencias marcadas por su Gobierno sigue escalando posiciones y en la última semana una serie de comunicaciones de ambas partes hacen crecer el conflicto.
El 1 de febrero, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá emitió el comunicado en Twitter “La Verdad sobre Cobre Panamá” en el que presentaba su versión del litigio. En él explica que: “Recientemente, Minera Panamá realizó comentarios públicos sobre sus discusiones con el Gobierno de Panamá en relación al contrato para regir las operaciones de la mina Cobre Panamá. Desafortunadamente, omitieron hechos críticos.”
Para el Gobierno panameño, mientras que la canadiense afirma que “El nuevo contrato garantiza el mejor interés de los panameños” e incluye: “Un aumento en las regalías al estado de hasta 16% sobre las utilidades, mejores protecciones ambientales y laborales, eliminación de exenciones de impuestos, un pago anual garantizado de $375 millones a Panamá.”
Pero, según la información emitida por el Ministerio: “Minera Panamá se rehúsa a firmar el nuevo contrato que acordaron con el gobierno de Panamá en enero de 2022, poniendo en peligro el futuro de la mina y de miles de empleos panameños.” Y a pesar de que estos términos fueron aceptados por la minera en enero de 2022: “la empresa se niega a formalizar el acuerdo y han tratado de introducir nuevos términos económicos al contrato que socavan los mejores intereses de los panameños. Cuando estas acciones fallaron, iniciaron un arbitraje internacional contra Panamá.”
First Quantum Minerals, a su vez, ha emitido un comunicado en su página web en el que acusa al Gobierno panameño de: “una serie de intentos crecientes de presionar a la Compañía para que acepte un contrato de concesión renovado en los términos del Gobierno.”
Y explica que la suspensión de las operaciones de carga en el Puerto de Cobre Panamá ante la exigencia de la Autoridad Marítima de Panamá de certificar la calibración de básculas por una empresa acreditada: “Será en detrimento de Panamá, los empleados de la mina, los proveedores y la economía panameña en general si el Gobierno de Panamá obliga a MPSA a cerrar Cobre Panamá, lo que podría ser necesario si el concentrado no se envía a mediados de febrero debido a la limitada capacidad de almacenamiento en el sitio.”
La minera responsabiliza al Gobierno panameño de bloquear las exportaciones de cobre y de cambiar de rumbo en cuanto a la validez del contrato de concesión y solicitar al Tribunal Supremo que declare “sin efecto jurídico la Resolución de Prórroga” de la concesión hasta 2037.
La canadiense plantea que junto a Minera Panamá: “están dispuestas a cumplir, y en parte superar, los objetivos que el Gobierno esbozó en enero de 2022 en relación con los ingresos, la protección del medio ambiente y las normas laborales. Esto incluye un mínimo de 375 millones de dólares anuales en ingresos públicos, compuestos por impuestos de sociedades y un canon minero basado en los beneficios del 12 al 16 por ciento, con protecciones a la baja alineadas con la posición del Gobierno.”
Yo quisiera que algún panameño me dijera si todo lo que se ha hecho en relación a esta explotación minera desde el principio es Moral y legal .Porque no tengo conocimiento si para este caso
Las autoridades tenían que realizar una consulta ciudadana o en el mejor de lis casos un Referéndum.
Es simple, si el contrato fué declarado nulo por la corte suprema, el gobierno se sienta en la mesa a negociar con la minera un nuevo contrato en condiciones justa para ambas partes y MPSA no lo quiere aplicar después de haber aceptado…..que le corresponde al gobierno?
El recurso mineral es del estado, o sea, de todo el pueblo Panameño, no de un gobierno (anterior) que negoció a espaldas del pueblo y se benefició de esa negociación.