Países Bajos ha anunciado su retirada del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y lo hace tras España, Polonia, que anunció su salida a principios de septiembre, e Italia, que se retiró en 2015. La facultad otorgada a los inversores de demandar a los gobiernos a través de arbitraje de inversiones, ante la amenaza a sus activos, está detrás de estas decisiones. El Gobierno de los Países Bajos alega que este acuerdo supone un obstáculo en la lucha contra el cambio climático y no atiende a los objetivos del Acuerdo de París de 2015.
Países Bajos ha sido objeto de varias demandas de arbitraje de inversiones que invocaban el Tratado de la Carta de la Energía ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI): las alemanas RWE AG and RWE Eemshaven Holding II BV presentaron un arbitraje de inversiones en febrero de 2021; y la compañía también alemana Uniper lo hizo dos meses después. Las demandas se relacionan a la política del gobierno holandés sobre la producción de energías fósiles como el carbón: Los Países Bajos prevé cerrar sus centrales de carbón en 2030.
El ministro holandés de Clima y Política Energética Rob Jetten anunció en un debate en la Cámara de Representantes que: “El mandato de la Comisión Europea era adaptar el TCE al acuerdo climático de París. A pesar de muchas de las modernizaciones que están ahora en el resultado de la negociación, no vemos cómo el TCE se ha alineado suficientemente con el Acuerdo de París.” (su intervención se puede ver aquí: publicación y video de Bart-Jaap Verbeek en Twitter).
Espera de 20 años
El Artículo 47 “Withdrawal” del Tratado de la Carta de la Energía contempla un periodo de un año desde la notificación hasta la salida efectiva y, aunque los países renuncien, la cláusula de extinción que recoge el Tratado (sunset clause) permite que sus normas pervivan durante 20 años, lo que significa que los países podrán seguir siendo demandados en base al TCE.
El debate en redes sociales versa sobre este hecho y sobre si no sería más útil unirse a las negociaciones para logra cambiar en bloque las obligaciones contenidas en el Tratado, que mantenerse 20 años a la espera.
Las negociaciones hacia la modernización del TCE
El 14 de mayo de 2019, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Decisión del Consejo que autorizó las negociaciones para modernizar el TCE. El objetivo de estas negociaciones era revisar las disposiciones del Tratado para que reflejen los estándares de inversión modernos, como las reformas de la UE para la protección de las inversiones.
El 24 de junio de 2022, las Partes Contratantes del TCE se reunieron para confirmar el acuerdo final sobre la modernización del TCE y aprobar la Comunicación Pública en la que se explican los principales cambios contenidos en este acuerdo. Entre lo recogido en el acuerdo se prohibe a los inversores europeos presentar demandas inversor-Estado contra Estados miembros de la Unión Europea. También se eliminará de manera gradual la protección a la actividad inversora en la industria fósil.
El documento “Decision of the Energy Charter Conference” (Brussels, 24 de junio, 2022, CCDEC) explica los principales cambios contenidos en al acuerdo de principio. Tras la finalización de una revisión editorial y jurídica, el proyecto de texto se comunicará a las partes contratantes antes del 22 de agosto para su adopción por la Conferencia de la Carta de la Energía el 22 de noviembre de 2022.
El grupo de modernización del Tratado ha trabajado durante los últimos tres años, a través de diferentes reuniones en las que abordan la negociación sobre los diferentes estándares que cubre el TCE.
