Perú autoriza el acceso a documentación, que posee su organismo tributario, relacionada con empresas implicadas en el arbitraje de inversiones iniciado por la holandesa SMM Cerro Verde en 2020 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
El Gobierno de Pedro Castillo, a través de un Decreto Supremo, ha habilitado a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para otorgar información a la Comisión Especial de representación del Estado en las Controversias Internacionales de Inversión, que tenga relación con el arbitraje iniciado por SMM Cerro Verde en mayo de 2020, de las empresas: Compañía Minera Antapaccay S.A., Minera Yanacocha S.R.L., Compañía Minera Milpo S.A.A. y Minera Barrick Misquichilca S.A..
El objetivo de esta difusión no es otro que acompañar la defensa de Perú en el arbitraje de inversiones que mantiene con la holandesa SMM Cerro Verde quien posee una participación del 46,44 por ciento en la concesión minera Cerro Verde, en la región de Arequipa, uno de los productores de cobre más importantes del Perú.
El Gobierno peruano se apoya en su normativa para facilitar “la defensa de los intereses del Estado Peruano en procesos judiciales o arbitrales, en los cuales este último sea parte”. Y explica que para una “adecuada defensa” del Estado en el arbitraje con SMM Cerro Verde Netherlands B.V. ante CIADI es necesario solicitar a la SUNAT cualquier información que guarde relación con el arbitraje.
El origen del arbitraje
El origen de la disputa con la SUNAT se relaciona con un acuerdo de estabilidad fiscal de 1998 que la compañía firmó con el gobierno peruano; e impuestos originados en el período 2006-2008. A finales de 2019, la compañía pagó 711,1 millones de soles por regalías durante esos años (más de 214 millones de dólares).
Otro arbitraje por Cerro Verde
La estadounidense Freeport McMoran, propietaria del 53,56% de la concesión, inició en marzo de 2020 otro arbitraje de inversiones contra Perú ante CIADI por la exigencia, por parte de la SUNAT, del pago de deudas por el concepto de regalías mineras que superarían los 1.000 millones de dólares.
