En el marco de la 49° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, más de 60 organizaciones de la sociedad civil presentaron el informe “Derechos Humanos y Actividades Empresariales Chinas en Latinoamérica. Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela” que evalúa 26 proyectos chinos que operan en nueve países de América Latina, para analizar el cumplimiento de China de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y medioambiente en proyectos en el sector energético.
El hecho de que China se haya convertido en un actor estratégico para el financiamiento y construcción de grandes proyectos de desarrollo en Latinoamérica, y que 21 países de la región se hayan integrado a la Belt & Road Initiative ha supuesto que la influencia china en el desarrollo vital y social de las comunidades, que poblan las áreas en las que se desarrollan sus proyectos, sea cada vez mayor.
“Derechos humanos y actividades empresariales chinas en latinoamérica”, como informe de mitad de periodo del Examen Periódico Universal (EPU) de la República Popular de China, evalúa el nivel de cumplimiento de las recomendaciones adoptadas por China en su último EPU -ha participado en los de 2009, 2013 y 2018-, a partir de las vulneraciones a los derechos humanos y de la naturaleza en 26 proyectos (23 consorcios y al menos seis bancos) que se desarrollan en los sectores de minería (12), hidroelectricidad (6), hidrocarburos (3) y otros (5).
Según el Informe el control chino de respeto a DDHH y de medioambiente es insuficiente y su patrón de vulneración sigue siendo sistemático. Según los datos aportados:
- En 24 casos hubo violaciones al derecho a vivir en un medioambiente sano y daños al ambiente,
- en 18 casos se dieron violaciones al derecho de participación y consulta libre, previa e informada y
- en la mitad de los casos hubo violaciones al derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada.
Además se alude a la presencia constante de vulneraciones a derechos civiles y políticos fundamentales y a derechos laborales, individuales y colectivos, entre otros.
En el informe se plantean recomendaciones para que el Estado chino elabore un Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en el que adopte medidas urgentes para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones extraterritoriales, con el medioambiente, los derechos humanos y el territorio de las comunidades afectadas.
Por otro lado, piden: “un examen de debida diligencia en todo el ciclo del proyecto y que se adopten mecanismos judiciales y extrajudiciales que proporcionen una reparación efectiva y oportuna de los impactos sociales y ambientales ocasionados por entidades chinas, incluyendo el acceso a remedios judiciales de las víctimas de violaciones de derechos humanos, para que presenten sus demandas de reparación en la jurisdicción de su país o en China.”
Otras demandas son: mecanismos de control, transparencia y acceso de información para la sociedad civil incorporados en los acuerdos de comercio con cláusulas relativas a la protección de los derechos humanos, el medioambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales.
El informe ha sido coordinado y editado por Marco A. Gandarillas (LAS), Sofía Jarrín (Amazon Watch), Jimena Reyes (FIDH) y Raphael Viana David (ISHR) gracias al Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), Fundación Pachamama, Cuencas Sagradas Amazónicas, Movimiento Ríos Vivos, Kanan Derechos Humanos, GEDMMA, Observatorio de Ecología Política de Venezuela, YASunidos, fidh e International Sevice for Human Rights.
