El 20 de marzo de 2023, el tribunal del arbitraje entre Astaldi, Ghella y Webuild, miembros del Consorzio di Imprese Italiane, y Venezuela presentado en 2019 ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) emitió su laudo desestimando la reclamación de los inversores porque el acuerdo invocado no incluía la propuesta de arbitraje.
El 13 de junio de 2019, Astaldi, Ghella y Webuild, miembros del Consorzio di Imprese Italiane, solicitaron un arbitraje, de acuerdo con las reglas de la CCI, contra Venezuela y el Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Ministerio de Transporte.
El arbitraje fue solicitado por el impago de los trabajos realizados, daños y perjuicios derivados de la ejecución irregular del contrato y otras cuestiones relacionadas a los proyectos de construcción de los tramos de líneas ferroviarias Puerto Cabello-La Encrucijada y San Juan De Los Morros-San Fernando de Apure y Chaguaramas-Cabruta.
Venezuela respondió a la solicitud de arbitraje de los demandantes con dos contestaciones (una en representación del presidente Maduro, la otra representando al presidente Guaidò), alegando la falta de competencia de la CCI y reafirmando la competencia de los tribunales locales, y reservándose todas las demás reclamaciones sobre el fondo. El Tribunal decidió que la República de Venezuela estaría representada por el Fiscal General Sr. Reinaldo Muñoz Pedroza (Gobierno de Maduro) (ver “Relazione Finanziaria Semestrale, 30 Giugno 2021”, Astaldi, Grupo Webuild).
El tribunal compuesto por João Bosco Lee (presidente), José Rosell (designado por los demandantes) y Deva Villanúa (designada por Venezuela) emitieron el laudo del arbitraje el 20 de marzo de 2023 decidiendo a favor de Venezuela, porque el acuerdo de cooperación económica no incluía disposición para arbitrar con los inversores (ver “Venezuela stops billion-dollar rail claim in its tracks“, Cosmo Sanderson, Global Arbitration Review, 12.024.2023).
Más sobre el conflicto
El agravamiento de la crisis venezolana llevó al grupo a reconocer grandes pérdidas por deterioro en el período entre 2017 y 2019 por lo que se inició un procedimiento de arbitraje internacional en junio de 2019, según reporta Astaldi en su Informe anual financiero de 2019. Según este informe, el consorcio tendría créditos comerciales y activos contractuales adeudados por el Gobierno venezolano por un total de 433 millones de euros.
