Real Hearing. Tan real como en el tribunal


El embajador uruguayo en EE.UU. Carlos Gianelli manifestó su disconformidad con la deriva del arbitraje internacional de inversiones en los últimos años con motivo de la celebración de las audiencias en Washington durante esta semana en el marco del arbitraje que enfrentan la compañía de telecomunicaciones estadounidense Italba contra Uruguay por retirarle la concesión sobre servicios de banda a ancha a su subsidiaria Trigosul. Durante el desarrollo de su discurso, Gianelli manifestó su preocupación por casos presentados en los últimos años “en los que se invocan Tratados para tratar de fundamentar “inversiones”que han sido supuestamente erosionadas por los Estados y reclamando compensaciones exorbitantes desde el punto de vista financiero” contribuyendo a desprestigiar el sistema de arbitraje inversor-Estado.

El embajador alegó que “el papel del estado uruguayo como regulador del espectro radioeléctrico es impulsar su uso eficiente mediante la adopción de reglamentaciones oportunas que apoyen la implementación de las mejores tecnologías, y sobre todo que respondan de la mejor manera a las necesidades de la ciudadanía uruguaya”.

La posición de Uruguay ante el arbitraje

Sobre la posición de Uruguay ante el arbitraje, el embajador uruguayo comunicó que: “consideramos que todos los reclamos presentados en este juicio por Italba carecen de méritos, tanto los jurisdiccionales como los de fondo, así como su reclamo de daños” por:

  • estar prescritos por presentarse fuera del período de 3 años que establece el TBI
  • los permisos de Trigosul no constituyen inversión protegida por el TBI
  • Italba no ha probado que es dueña de Trigosul
  • Italba no tiene derecho a beneficiarse del TBI porque no posee actividades comerciales significativas en EE.UU.

 

El arbitraje se presentó en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia relativas a Inversiones (Ciadi) el 24 de marzo de 2016.

El caso Italba es el segundo arbitraje que mantiene Uruguay ante Ciadi después de que un tribunal le diera la razón en el procedimiento Phillip Morris.

Italba alega la violación del tratado de protección de inversiones entre EEUU y Uruguay, por la revocación en 2011 del permiso, a su subsiduaria uruguaya Trigosul S.A, de concesión para brindar servicios de banda ancha que mantenía desde el año 2000. La estadounidense solicita una indemnización de 100 millones de dólares.

Créditos de la imagen: OEA – OAS. Flickr

Escribe un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.