El informe “La injusticia minera a través del arbitraje internacional: Contrarrestando los argumentos de Kappes, Cassiday & Asociados sobre su proyecto de oro en Guatemala” analiza las circunstancias que rodean al arbitraje de la mina El Tambor presentado por la estadounidense Kappes, Cassiday & Asociados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), denuncia omisiones e inexactitudes en la demanda y plantea el mismo como la herramienta de presión que está ejerciendo la empresa contra el gobierno de Guatemala o bien para que le permita seguir operando la mina o para conseguir una compensación. El documento ha sido realizado por Luis Solano, Ellen Moore y Jen Moore, y editado por el Institute for Policy Studies y Earthworks.
La suspensión del proyecto tuvo lugar por la denuncia de la falta de consulta previa a las comunidades indígenas de la zona afectada. Esta suspensión fue ratificada también por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal en materia de Constitución del país.
Los demandantes reclaman una indemnización de 400 millones de dólares invocando el incumplimiento del Tratado de Libre Comercio entre América Central y la República Dominicana (CAFTA-DR) porque el Gobierno no hizo lo suficiente para garantizar el acceso a la mina.
Entre las acusaciones contra Kappes, Cassiday & Asociados en el informe se recoge cómo la mina El Tambor entró en operación: “como resultado de la represión violenta contra los pobladores llevada a cabo por fuerzas de seguridad privada dirigidas por militares en retiro y por fuertes contingentes de agentes antimotines de la PNC (Policía Nacional Civil) bajo un gobierno corrupto”.
Englobado en un entorno en el que se plantea la opción del arbitraje de inversiones como injusto para América Latina, ante conflictos que casi siempre llevan aparejada la oposición de las comunidades autóctonas por la defensa de sus recursos naturales.
El origen del conflicto se remonta a 1997, año en el que se implementaron una serie de reformas legales para el sector minero que pretendieron atraer la inversión extranjera y nacional, entre otros, reduciendo las regalías del 6% al 1%.
Kappes, Cassidy & Asociados construyeron una primera mina de oro (Progreso VII Derivada) que proyectaba operar durante cinco años. La demanda de arbitraje se presentó ante CIADI en noviembre de 2018.
Ya en 2012, comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo se manifestaron pacíficamente bloqueando el acceso a la mina para proteger las fuentes de agua y el medioambiente y pidiendo una evaluación rigurosa del impacto de las actividades mineras. La represión ejercida contra este bloqueo se saldó con una víctima, Yolanda Oquelí, miembro de la resistencia herida de bala.
El informe desglosa en otros epígrafes:
- el posible incumplimiento de los requisitos reglamentarios por parte de la empresa desglosando las relaciones con las élites políticas y empresariales guatemaltecas;
- la represión violenta y persecución legal ejercida buscando la operación de la mina;
- la contratación de exmilitares para quebrar la resistencia de los indígenas;
- la investigación penal sobre los demandantes…
- denuncia omisiones e inexactitudes en su argumentación.
Leer informe completo: “La injusticia minera a través del arbitraje internacional: Contrarrestando los argumentos de Kappes, Cassiday & Asociados sobre su proyecto de oro en Guatemala”, Luis Solano, Ellen Moore y Jen Moore.
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