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La Comisión Europea ha propuesto nuevas normas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la resolución de litigios en materia de inversiones en el marco del Acuerdo Económico y de Comercio con Canadá (CETA). Las normas contemplan un procedimiento acelerado con un tribunal de un solo miembro, plazos cortos y protecciones para el Estado como demandado.

La Comisión Europea propuso el 26 de abril un conjunto de normas que racionalizan y simplifican los procedimientos de resolución de litigios, facilitando a las PYMEs el acceso al sistema de tribunales de inversiones (ICS) previsto por el CETA “ahorrándoles tiempo y dinero.”

Detalles de la propuesta

Las nuevas normas introducirán un procedimiento acelerado para la resolución de litigios en el marco del CETA, al que tendrán acceso preferente las PYME y las personas físicas, así como las reclamaciones inferiores a un determinado nivel. Estos litigios podrán ser vistos por un tribunal de un solo miembro, en lugar de tres, y los plazos serán más cortos.

Las normas incluirán protecciones para el Estado (como demandado), para garantizar que el procedimiento acelerado sea utilizado por quienes más lo necesitan y evitar abusos.

El documento incluye normas detalladas sobre la constitución del tribunal; la primera sesión en el procedimiento acelerado; el calendario; la acumulación de demandas; la mediación; y la revisión de la decisión.

En el documento se especifica que esta propuesta es acorde con la aplicación del ICS del CETA que adopta:

  • normas que regulen cuestiones administrativas y organizativas relativas al funcionamiento del Tribunal de Apelación
  • un código de conducta de los miembros del Tribunal y del Tribunal de Apelación y de los mediadores,
  • reglas de mediación, y
  • normas relativas al procedimiento de adopción de interpretaciones.

La propuesta de la Comisión, que sigue a la conclusión de las negociaciones técnicas entre Canadá y la UE sobre las nuevas normas en febrero de 2024, pasará ahora al Consejo para su aprobación.

Será adoptada formalmente por el Comité Mixto del CETA una vez concluidos los procedimientos internos de aprobación por parte de la UE y Canadá y entrarán en vigor junto con el resto de las partes del CETA relativas a la protección de las inversiones y a la resolución de litigios en materia de inversiones, una vez que el acuerdo haya sido plenamente ratificado.

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