El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) ha comunicado la constitución de los tribunales de los arbitrajes de la francesa Eutelsat contra Francia y del grupo liderado por la compañía energética alemana DCM Energy contra España.
El 16 de agosto de 2017, la empresa francesa Eutelsat, uno de los operadores de satélites líderes del mundo, presentó una demanda de arbitraje contra México ante el Ciadi por una concesión de telecomunicaciones.
Un tribunal formado en su integridad por árbitros procedentes de América Latina
El pasado 8 de junio, el Ciadi comunicó la composición del tribunal formado por el peruano Alfredo Bullard (presidente), el chileno Francisco Orrego Vicuña (designado por el demandante) y el argentino Marcelo G. Kohen (designado por el demandado).
Un tribunal formado en su integridad por árbitros procedentes de América Latina.
La causa del arbitraje
Entre marzo y abril de 2016 la compañía francesa comunicó su descontento por lo que consideraba una penalización al tener que aportar al Estado mexicano capacidad para usos de seguridad nacional y otros servicios sin ningún coste, circunstancia no exigida a otros operadores extranjeros, al ser considerada como empresa mexicana, pues opera a través de Satélites Mexicanos (Satmex) que adquirió en 2014.
Eutelsat pedía al Gobierno mexicano una modificación de la ley satelital para lograr “una regulación satelital justa” entre empresas mexicanas y extranjeras.
La defensa de Eutelsat corre a cargo de Holland & Knight México.
Arbitraje DCM Energy contra España
En el caso del arbitraje del grupo DCM Energy & Co. Solar 1 KG y otros contra España registrado el 31 de octubre de 2017 contra España e invocando el Tratado de la Carta de la Energía, el grupo de empresas alemanas y suizas presentó la que ocupó el lugar número 29 de las demandas de arbitraje instadas contra España ante el Ciadi, por las reformas energéticas y de las renovables del gobierno español aplicadas en los años 2010 y 2014.
El tribunal de este arbitraje fue constituido el pasado 14 de junio y está formado por la francesa Carole Malinvaud (presidenta), el argentino y estadounidense Óscar M. Garibaldi (designado por el demandante) y el francés Pierre-Marie Dupuy (designado por el demandado).
En este caso la defensa de la demanda corre a cargo de la firma internacional King & Spalding y el despacho español Gómez-Acebo & Pombo, la de España de la Abogacía General del Estado.
