El Tribunal Supremo francés ha rechazado un recurso presentado por los Herederos del Sultán de Sulu contra la revocación del laudo del arbitraje con Malasia, que condenó al país al pago de 15.000 millones USD por rentas impagadas en un contrato de arrendamiento que se remonta a 1878.
El laudo fue dictado en París en 2022, después de que el árbitro Gonzalo Stampa cambiara la sede del arbitraje cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló en junio de 2021 su designación.
La ministra de Justicia malasia Azalina Othman Said ha calificado la decisión como histórica y defiende la figura del arbitraje internacional y su inviolabilidad para la resolución de este tipo de litigios. La ministra informó a través de su cuenta de Facebook de la decisión de la Justicia francesa.
La Corte de Apelaciónes de París había dado la razón al Gobierno malasio en su recurso contra la ejecución parcial del laudo de jurisdicción de mayo de 2020 afirmando que no había acuerdo de arbitraje válido que vinculara a Malasia. Los Herederos de Sulu interpusieron un recurso contra esta decisión que finalmente el Tribunal Supremo de Francia ha confirmado: “Ahora, la Corte de Apelación de París procederá, en su debido curso, a anular el laudo final dictado por el Dr. Stampa el 28 de febrero de 2022 y pondrá fin al caso Sulu”, reza el comunicado.
Y aclara que la Corte de Casación dictaminó que en su sentencia de 6 de junio de 2023, la Corte de Apelación de París aplicó correctamente las normas de interpretación de los acuerdos de arbitraje para concluir que no existía un acuerdo de arbitraje que vinculara a Malasia.
La controversia
La disputa se remonta a 1878, año en que el Sultán de Sulu y dos particulares británicos firmaron un acuerdo para el arrendamiento a perpetuidad de la explotación de los recursos naturales (entonces, perlas, nidos de pájaro y madera) de ciertos territorios del norte de la isla de Borneo e islas adyacentes. Territorios, que entonces formaban parte del Imperio español, hoy forman parte de Malasia. El precio del arrendamiento se fijó en 5.000 pesos filipinos.
Durante décadas, los arrendatarios continuaron pagando anualmente el precio del contrato conforme a lo pactado: primero los dos comerciantes británicos, posteriormente la compañía North Borneo Trading Company, hasta su quiebra en 1946, momento en que la Corona Británica se convirtió en la arrendataria y, finalmente, en 1963 Malasia comenzó a pagar las cantidades debidas tras adquirir su independencia de la Corona británica.
Tras el descubrimiento de nuevos recursos naturales como el petróleo y el gas en las décadas de los 80 y los 90 y el comienzo de su explotación por Malasia, los Herederos intentaron solicitar renegociaciones al contrato, pero Malasia nunca aceptó.
Posteriormente, en 2013, Malasia dejó de pagar el arrendamiento anual conforme al contrato.
