El pasado 25 de julio se conoció el laudo del arbitraje entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia contra Claro (subsidiaria de América Móvil) y Colombia Telecomunicaciones (propiedad de Telefónica-Movistar) por el que ambas compañías debían pagar a Colombia 4,8 billones de pesos (1.554,4 millones de dólares).
Telefónica ha manifestado su intención de agotar todas las vías para defender sus intereses, incluso la del arbitraje de inversiones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi (ver “Telefónica estudia demandar a Colombia ante el Ciadi“, Ignacio del Castillo, Expansión. 27.07.2017).
América Móvil, que ya presentó un arbitraje ante Ciadi contra Colombia en 2016, en declaraciones recogidas por El Financiero (ver “América Móvil analiza medidas para proteger sus activos en Colombia“, Itzel Castañares. 26.07.2017) ha comunicado que “está estudiando el alcance que tiene el laudo y con base en ello, emprenderá acciones legales a nivel nacional o internacional que correspondan para su defensa“.
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá
Claro y Movistar deben hacer efectivo el pago de las cantidades (3,1 billones de pesos y 1,6, respectivamente) en un plazo de 15 días. Telefónica, que presentará alegaciones antes del 31 de julio (ver “Telefónica eleva previsiones tras batir expectativas, acción salta“, Andrés González y Julien Toyer, Reuters. 27.07.2017), ha rechazado la sentencia del tribunal de la Cámara de Comercio de Bogotá y ha comunicado, a través de diversas declaraciones a los medios, su intención de tomar las medidas que sean necesarias para proteger sus intereses.
Importe a pagar por Telefónica: 469,5 millones de euros
Según información de la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Telefónica estaría analizando todas las implicaciones del laudo de la corte colombiana para buscar diferentes “vías de impugnación local e internacional”.
El importe del laudo contra Colombia Telecomunicaciones, que cuenta con una participación del 67,5% de Telefónica y el resto pertenece al Estado colombiano, sería de 469,5 millones de euros.
