Las audiencias del arbitraje entre la delegación boliviana de Jindal Steel contra el Estado boliviano ante la Corte de Arbitaje de la Cámara de Comercio Internacional, programadas del 13 al 15 de diciembre pasados, han sido suspendidas hasta el próximo mes de marzo.
En el arbitraje, presentado por Jindal en 2014 contra la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún, la primera reclama 100 millones de dólares tras la terminación del contrato minero del proyecto de explotación del cerro Mutún, una mina de hierro. En septiembre de 2014, el procurador general del Estado Héctor Arce informaba de este hecho tachándolo de “absurdo e inaceptable” (ver “Procurador confirma nueva demanda por caso Jindal“, Página Siete, 29.09.2014).
Este arbitraje sigue a otro procedimiento entre Jindal y ESM iniciado previamente, relacionado asimismo con el proyecto Mutún, y en el que Bolivia fue condenada al pago de 22.5 millones de dólares en 2014. En esa ocasión, los despachos que defendieron a las partes fueron White & Case LLP, en el caso de Jindal, y el boliviano Wayar & von Borries Abogados SC, del lado de Bolivia (ver “Concluyó proceso arbital de Jindal contral la ESM“, Peter de Souza, 04.03.2015, Reporte Energía).
El contrato entre Jindal y el Gobierno boliviano se firmó en 2007 para la explotación del yacimiento minero Mutún, rico en hierro principalmente. En 2012, la minera dejó el proyecto tras el inicio de una investigación por incumplimiento del contrato en la que se le acusaba de no haber realizado las inversiones comprometidas. Jindal no aceptó las condiciones impuestas por el Gobierno boliviano (ver “Jindal deja el país tras no aceptar cuatro condiciones del Gobierno“, Willy Chipana/Iván Condori, La Razón, 17.07.2012).
