El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú (MTC) ha comunicado el resultado del arbitraje mantenido con el Consorcio Cosapi Johesa -ligado al “Club de la Construcción”, conglomerado relacionado con contratos obtenidos mediante corrupción- que demandaba al Estado cerca de 11 millones de soles peruanoa por ajustes de precios en la ejecución de la “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cajamarca – Celendín- Balsas, Tramo: KM 52 -Celendín”, ubicada en la región Cajamarca.
El tribunal de arbitraje dio la razón al MTC validando la aplicación de la fórmula polinómica utilizada por Provías Nacional (ente encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional).
Según declaraciones del procurador público del MTC David Ortiz Gaspar: “este laudo tiene un doble impacto en la defensa jurídica de los intereses del sector”, puesto que, por un lado, “los contratistas no logran obtener beneficios económicos más allá de lo señalado en la relación contractual entre las partes”; y, por otro lado, “se reafirma la destreza legal” que el equipo de arbitraje demuestra al “plantear reconvenciones que son declaradas fundadas”.
La ministra María Jara indicó que uno de los pilares de su gestión al frente del MTC es la lucha contra la corrupción y, en ese sentido, se fortalecerá la Procuraduría Pública para una mejor defensa jurídica del sector.
Club de la Construcción
Un grupo de empresas, que rondarían la treintena, entre las que se contaba Graña y Montero, Obrainsa, Odebrecht, Camargo Correa, la propia Cosapi… Todas ellas peruanas y brasileñas construyeron una trama, entre los años 2011 y 2014 mediante la que se repartían obras públicas a cambio de un porcentaje sobre el valor referencial de la obra, se le llamó “Club de la Construcción” y está relacionado con el entramado Lava Jato.
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