En septiembre de este año, la jefa de la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, Margie-Lys Jaime, planteó la urgencia de cumplir con el laudo de la estadounidense Dominion Minerals antes de que acabara 2024 para que los intereses no ascendieran. El pago se ha hecho efectivo en estos días.
En este arbitraje, un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) formado por Alfredo Bullard (presidente), Charles Poncet (coárbitro nombrado por la empresa) y Alexis Mourre (coárbitro designado por Panamá) determinó que Panamá era responsable de la expropiación de la concesión minera Cerro Chorcha en Bocas del Toro, aunque la concesión monetaria a los demandantes fue bastante más baja de sus pretensiones, un 3%. La minera solicitaba 684 millones de los que le concedieron 15,9 millones.
El Gobierno finalmente ha saldado la deuda siguiendo la recomendación de Margie-Lys Jaime quien expuso ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que los intereses ascenderían se la deuda no era asumida antes de fin de año, puesto que Dominion desistió de solicitar una anulación parcial presentada ante CIADI que se levantaría en breve. La empresa, según información reflejada por prensa panameña, había expresado en que no estaba interesado en un descuento en la indemnización del laudo ni en facilitar un plazo más amplio para recibir el pago, solo pondría fin a la disputa si Panamá pagaba la totalidad del laudo, si no implicaría que procedería con la ejecución (ver “Panamá pagará $26 millones a Dominion Mineral Corp. tras perder laudo arbitral“, Gustavo A. Aparicio O., La Estrella de Panamá, 26.11.2024).
Algo más sobre el arbitraje
Al laudo se adjuntó la opinión disidente de uno de los árbitros: Charles Poncet (designado por la minera), así como una declaración adicional del resto del tribunal. Dominion Minerals reclamaba la negativa del Gobierno panameño de no ampliar la extensión de la concesión en la mina, en virtud de un contrato firmado en 2006 que contemplaba cuatro años de explotación más dos prórrogas de dos años.
