El 29 de octubre de 2023, Laurentino Cortizo, presidente de Panamá anunció la convocatoria de un referéndum el 17 de diciembre para decidir sobre el contrato firmado con la minera canadiense First Quantum Minerals, propietaria de Minera Panamá que ostenta la concesión de la mina Cobre Panamá. El contrato se firmó en marzo después de que la canadiense anunciara dos arbitrajes, tras la decisión de la Administración panameña de no renovar el contrato de concesión en diciembre de 2022.
El impacto medioambiental y la ampliación de las operaciones de la minera, contenidas en el contrato firmado entre Minera Panamá y el Gobierno panameño, desataron el rechazo entre organizaciones civiles que, en las últimas semanas, han protagonizado diferentes protestas contra el proyecto.
La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó el 28 de septiembre una resolución en la que solicitaba al Ejecutivo panameño el retiro del contrato de concesión entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá S.A. La retirada se pedía después de las consultas a las comunidades afectadas: Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón; y La Pintada, en la provincia de Coclé.
Según el documento, publicado por la Asamblea Nacional, se piden modificaciones al contrato relacionadas con epígrafes como la expropiación de tierras y el espacio aéreo de operación de la mina y su beneficiario final.
Organizaciones como Alianza Pueblo Unido por la Vida rechazaron el contrato y convocaron marchas y movilizaciones con corte de vías, además de anunciar una querella contra First Quantum y contra el procurador general de la Nación. Se pedía el cese de las operaciones en la mina, la declaración de una moratoria y una consulta popular (ver “Alianza Pueblo Unido anuncia cierres de vías para la próxima semana“, Metro Libre, 29.09.2023).
Las reacciones no se han hecho esperar, para el presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), Roberto Cuevas, el riesgo está en las implicaciones jurídicas y en la posibilidad de que la empresa opte por el arbitraje internacional, además del daño a la reputación del país y a la recepción de futuras inversiones (ver “Derogar contrato minero en Panamá “sería un gravísimo error”: presidente de Cámara Minera“, Carlos Contreras, W Radio, 30.10.2023).
Por otro lado, las acciones de First Quantum se desplomaron el 30 de octubre y la incertidumbre sobre la mina creció, el mayor activo que posee la canadiense. La minera reportó, a través de un informe, que toma nota del anuncio realizado el 29 de octubre por Cortizo de la intención del gobierno panameño de celebrar una consulta popular en relación con la Ley 406, que aprobó el contrato revisado de su subsidiaria panameña Minera Panamá S.A para la mina Cobre Panamá, y que se ha puesto en contacto con el gobierno para entender los detalles con respecto a la consulta popular.
Explican que están: “plenamente comprometidos a operar de forma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo todas las obligaciones de conformidad medioambiental y apoyando la biodiversidad de Panamá a través de nuestros planes de reforestación, conservación de especies y áreas protegidas. Seguimos comprometidos a reforestar casi el doble de la superficie que explotamos. Las áreas protegidas y parques nacionales que apoyamos representan más de 30 veces la huella de nuestra mina.”
Según los datos de la minera: Cobre Panamá contribuye con casi el 5 por ciento del Producto Interior Bruto de Panamá, constituye el 75 por ciento de las exportaciones de bienes del país y ha creado al menos 40.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. Conservan más de 8.000 empleados que continúan operando la mina.
