El arbitraje Álvarez y Marín Corporación SA y otros, contra la República de Panamá, ha obligado al gobierno panameño a destinar 1.8 millones de dólares a su defensa, dirigida por Hogan Lovells US (Miami), y que servirá para la presentación de documentos y otras pruebas, petición que fue solicitada al tribunal el pasado 2 de mayo (según información recogida en Telemetro: “Avalan fondos para arbitraje internacional por litigio por venta de tierras de la Comarca Ngäbe Buglé“. Catherine Perea. 23.05.17).
El conflicto se originó en relación con una explotación turística conocida como “Proyecto Cañaveral” en la Comarca Ngöbe-Buglé, creada en 1997 por Panamá para promover el bienestar de las comunidades indígenas del Distrito de Kusapín y crear una zona de desarrollo turístico sostenible, otorgando a empresas privadas la posibilidad de invertir en la región.
Los demandantes, a través de la sociedad DECSA, adquirieron una serie de fincas en 2010. En 2013, una cadena hotelera (Six Senses) entró a participar en el proyecto a través de una serie de acuerdos con DECSA. Ese mismo año, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras ANATI emitió un informe en el que ubicaba dos fincas fuera de la Comarca, por lo que los demandantes denuncian expropiación, falta de trato justo y equitativo, así como de protección y seguridad plenas. El arbitraje se presentó en abril de 2015.
El tribunal lo constituyen el español Juan Fernández-Armesto, presidente, el argentino Horacio Grigera Naón y el canadiense Henri C. Álvarez.
El “Cañaveral“ está localizado en el litoral caribeño de Panamá, que se extiende en 700 hectáreas de propiedad y 12 kilómetro de playas.
Créditos de la imagen: Nzeemin. Wikimedia Commons.
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