La Fiscalía General de El Salvador ha comunicado que ha recibido el pago de más de ocho millones de dólares fruto del arbitraje promovido por Pacific Rim Cayman LLC contra el Estado de El Salvador.
Pacific Rim demandó en 2009 a El Salvador por negarle una concesión minera de oro y plata en San Isidro, Cabañas, alegando su derecho por sus exploraciones mineras años antes. La australiana Oceana Gold heredó el proceso de arbitraje al adquirir Pacific en 2013.
Las partes han llegado a un acuerdo a través del que la empresa minera se ha comprometido a no promover ninguna acción de nulidad del laudo y la Fiscalía General de El Salvador no continuará con las acciones de cobro (según comunicado oficial).
El 21 de febrero, un grupo de activistas, bajo la plataforma Stopesmining (que representa a 280 organizaciones de todo el mundo) enviaron una carta a OceanaGold reclamando el pago de 8 millones de dólares, indemnización a la que les condenó, el 14 de octubre de 2016, el tribunal del procedimiento dirimido en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi.
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