Real Hearing. Tan real como en el tribunal


Ante la falta de acuerdo entre los operadores de transporte de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú por el pago de una deuda millonaria, los corredores -operadores de las líneas de autobús en Lima- han anunciado el recurso al arbitraje y el parón del transporte.

Los operadores reclaman 300 millones de soles (más de 79 millones de US dólares) adeudados por la Autoridad de Transporte Urbano. Los corredores Morado, Azul y Rojo irán a arbitraje según las palabras de Gerardo Hermoza, portavoz del Corredor Morado.

Tras una reunión celebrada con el Ministerio, Hermoza denuncia una “falta de respeto”. En una entrevista a Hermoza se planteó la ilegalidad de los contratos y la falta de inversión. Hermoza explicó que el Ministerio carecía de propuestas y que plantearán la caducidad de los contratos con lo que el Estado deberá pagar diez veces el monto: “Vamos a ganar el arbitraje por goleada” (ver “Representante del Corredor Morado anuncia que irán a arbitraje tras no llegar a un acuerdo con el MTC“, 2024 en 24 horas, Panamericana, 01.03.2024).

Ángel Mendoza, representante de los corredores Azul y Rojo, explicó que: “No existe voluntad real del Ejecutivo de atender los problemas del transporte público. Con esa inacción está haciendo que la informalidad siga creciendo.”

Inversión privada en Perú

Hermoza planteó que la actitud del Gobierno peruano ante las inversiones privadas materializa una actitud insegura: “No inviertas en el Perú porque no voy a pagar”. Y ante la propuesta del ministerio de incrementar la tarifa de los billetes de pasaje, el vocero explica que: “No podemos sumar la tarifa al usuario por la incompetencia del Estado. Como empresarios peruanos nos sentimos abandonados.”

El MTC emitió un comunicado en el que explica que: “De acuerdo a la Ley de Promoción de Inversión Privada, no existe un marco legal, ni contractual que permita a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) otorgar, mediante trato directo, el pago de indemnizaciones que involucren recursos públicos que no son de libre disponibilidad. En ese sentido, para garantizar la continuidad del servicio, el Ejecutivo presentará un proyecto de Ley al Congreso de la República para crear las condiciones legales y económicas que aseguren la sostenibilidad financiera del sistema de corredores complementarios.”

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