El pasado 11 de septiembre, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó partidas para el Ministerio de Economía y Finanzas panameño por un más de 6 millones dólares, que estará dedicado para afrontar los pagos de los despachos de abogados que llevan la defensa en los diferentes arbitrajes internacionales que enfrenta el país centroamericano.
Arbitraje GUPC v. Panamá
Del monto total más de un millón y medio sufragará los gastos de defensa en una de las demandas interpuestas por Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por Sacyr, y relacionada con la obra del Canal de Panamá el año pasado.
Arbitraje J Bernard Buse v. Panamá
La firma Hogal Lovells recibirá un millón de dólares por una demanda interpuesta contra Panamá por J. Bernard Buse , el arbitraje tiene su origen en el año 2016, cuando la Superintendencia del Mercado de Valores ordena la intervención de Panamá Wall Street SA aduciendo, tras una inspección, de determinados incumplimientos como, entre otros: la falta de confiabilidad en el manejo de sus clientes; indebida organización administrativa y contable; existencia de cuentas con irregularidades; deficiencias en los medios tecnológicos… y la incapacidad de dar explicaciones suficientes sobre los hallazgos de la inspección. El 8 de junio de 2016, la Superintendencia del Mercado de Valores ordenó la liquidación forzosa.
En la demanda ante CIADI, los demandantes piden, según diversas fuentes, alrededor de 80 millones de dólares.
Arbitraje Bridgestone v. Panamá
Arnold & Porter recibirá 1,8 millones de dólares en relación a su trabajo en el arbitraje Bridgestone por un asunto relacionada a la protección intelectual. En octubre de 2016, Bridgestone presentó ante CIADI una demanda de arbitraje contra Panamá después de que ser condenado por el Tribunal Supremo panameño al pago de 5.4$ millones por los daños infringidos a una empresa panameña al intentar proteger su marca.
Según un informe de la IPO (Intellectual Property Owners Associations): En 2004, Bridgestone se dio cuenta de que una compañía panameña de neumáticos estaba usando la marca Riverstone. Preocupada por la confusión con su marca, la empresa envió una carta de “reserva de derechos” a los usuarios de Riverstone y posteriormente presentó una moción de oposición para su marca en Panamá. Aunque la moción de oposición no tuvo éxito, un tribunal civil panameño resolvió que Bridgestone estaba legítimamente preocupado por la confusión.
Sin embargo, los propietarios de Riverstone demandaron a Bridgestone por daños y perjuicios monetarios, alegando que su carta de “reserva de derechos” y la acción de la oposición les hicieron detener la venta de sus neumáticos. Dos cortes dictaminaron a favor de Bridgestone. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Panamá revocó la decisión y otorgó más de 5$ millones en daños a los propietarios de Riverstone.
