El Ministerio de Comercio Exterior costarricense está en proceso de contratación de un abogado experto que lidere la defensa del país ante la demanda de arbitraje de inversiones interpuesta por Alejandro Díaz Gaspar, empresario español dueño de la planta procesadora de pollos Ibérico, en abril de 2019 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

La notificación de arbitraje de Díaz Gaspar a Costa Rica se produjo en 2017, pero no se hizo efectiva hasta 2019. El empresario reclama al país 91 millones de dólares acusándolo de alentar una campaña contra su negocio de procesamiento de pollo influido por un constructor que pretendía desarrollar un proyecto en terrenos adyacentes a la fábrica Ibérico.

En 2016, el Ministerio de Salud realizó inspecciones del negocio y detectó una serie de infracciones que obligó a corregir en plazos cortos, según el demandante, para poco después emitir órdenes administrativas que suspendieron la actividad provocando la salida de Ibérico del mercado costarricense.

Desde el Ministerio de Comercio Exterior, la ministra Dyalá Jiménez ha explicado que se tramita la contratación de un profesional especializado en derecho público y derecho administrativo que elaborará dos informes técnicos que serán presentados como prueba técnica de apoyo a los argumentos del país, y participará como experto en las audiencias de fondo que se realicen.

El arbitraje se encuentra actualmente en la etapa de intercambio de escritos de fondo.

El empresario español acusa también al Gobierno costarricense de seguir una campaña de desprestigio y difamatoria en su contra.

El tribunal del arbitraje

El tribunal del arbitraje lo forman el francés Alexis Mourre (presidente), el estadounidense Adolfo Jiménez (designado por el demandante) y el mexicano Luis González García (designado por Costa Rica).

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