Las compañías renovables, en busca del cumplimiento de los laudos conseguidos contra España, buscan en tribunales estadounidenses conseguir el pago de las indemnizaciones de una manera u otra, en este artículo hablamos de la situación de NextEra, con un procedimiento abierto por España en Países Bajos para impedir la ejecución, o la del arbitraje Antin, que mira hacia la indemnización del Prestige.
A finales de diciembre, España solicitó a un tribunal holandés que impusiera una multa diaria de 30.000 € a la compañía estadounidense de energías renovables NextEra con el objetivo de que cejase en su empeño de ejecutar el laudo de 291 millones de euros en un tribunal estadounidense (ver “España acude de urgencia a Holanda para no pagar 291 millones por las“, Alberto Sanz, Vox Populi, 16.01.2023).
El 6 de febrero, ante el Tribunal del Distrito de Columbia, Nextera Energy Global Holdings BV et al. solicitaron a la jueza Tanya S. Chutkan que considerara que las últimas objeciones jurisdiccionales de España son “poco menos que frívolas” (ver “NextEra Seeks To Block Spain’s Dutch Arbitration Suit“, Katie Buehler, Law360, 06.02.2023) y no deberían impedir que se detuviera el procedimiento abierto en Ámsterdam para que España no pague la indemnización adeudada.
Otras compañías apuntan a activos de España como la condena del Prestige
Este mismo medio ha informado de que otros dos inversores en renovables: Infrastructure Services Luxembourg SÀRL y Energia Termosolar BV (Antin) apuntan a la indemnización de cerca de 1.000 millones de dólares (ver “Energy Investors Owed €101M Target $1B Due To Spain“, Caroline Simson, Law360, 07.02.2023) que las aseguradoras London P&I Club deben hacer frente para reparar los daños causados por la marea negra de chapapote, provocada en 2002, ante el naufragio del buque petrolero Prestige que vertió en costas españolas y francesas miles de toneladas de fuelóleo pesado.
Ambas compañías pretenden conseguir el pago del laudo de 101 millones de euros fruto del arbitraje en el que reclamaban su inversión en instalaciones de energías renovables en España, que se beneficiaban de un régimen de apoyos de 2007.
