Monterra Energy ha comunicado que ha emprendido acciones legales contra el cierre de su terminal de almacenamiento de fluidos petrolíferos en Tuxpan, presentando al Gobierno de México una notificación de intención de acudir a arbitraje en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La compañía estadounidense cita daños potenciales de 667 millones de dólares y pide al Gobierno mexicano que resuelva el conflicto de forma cooperativa y que respete el Estado de Derecho.
Tras el cierre durante cinco meses de la terminal de Tuxpan, Monterra Energy ha presentado una Notificación de Intención de Reclamación de Arbitraje al Gobierno de México por “acciones ilegales y discriminatorias que impiden la operación de la terminal de importación de combustible de última generación de Monterra en el puerto del Golfo de Tuxpan, Veracruz, negando el debido proceso y violando las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, explica en el comunicado.
Monterra indica que los daños resultantes de las acciones discriminatorias podrían ascender a unos 667 millones de dólares. Según Arturo Vivar, director general de Monterra: “Simplemente pedimos que México respete el estado de derecho y sus compromisos con los tratados. Nuestro curso de acción preferido es una resolución amistosa, pero las acciones del gobierno mexicano hasta ahora nos han dejado pocas opciones, mas que buscar todas las opciones legales disponibles”.
La estadounidense reitera que aunque ha intentado en repetidas ocasiones resolver el cierre aportando pruebas del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias: “Las autoridades mexicanas han hecho caso omiso de las pruebas.”
La terminal de Tuxpan de Monterra “Servitux”
La terminal de Tuxpan de Monterra, Servitux, recibió un permiso de 30 años por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el 4 de mayo de 2018.
En el comunicado, Monterra relata como: “En la madrugada del 13 de septiembre de 2021, la CRE realizó una inspección extraordinaria junto con personal armado de la Guardia Nacional y funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental del Sector Hidrocarburos (ASEA).” La inspección dio lugar a un cierre temporal alargado hasta el momento.
Para Monterra: “La orden de cierre es arbitraria, ilegal y totalmente inconsistente con el amplio intercambio previo de correspondencia entre Servitux, una empresa organizada bajo la ley mexicana que es propiedad mayoritaria de Monterra Energy, y la CRE.”
La empresa explica que presentó todos los documentos y pruebas requeridas durante los últimos dos años y Servitux ha presentado otros escritos desde que se produjo el cierre, a los que la CRE no ha respondido.
Monterra acusa al Gobierno de México de rechazar los intentos de resolver “cooperativamente” la situación y de acciones “para restringir la importación, almacenamiento y distribución de productos petroleros por parte de empresas extranjeras con el objetivo de restaurar su compañía petrolera nacional, Petróleos Mexicanos (PEMEX), a la posición de monopolio que tenía antes de las reformas promulgadas en 2013.”
Entre las cláusulas que México ha incumplido, según Monterra, se encuentran las de Trato de conformidad con el derecho internacional (norma mínima), Expropiación, Trato nacional y Trato de nación más favorecida.
