En febrero de 2022, la compañía holandesa Consolidated Water presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para demandar a México por más de 50 millones de dólares en relación con el proyecto cancelado de la empresa en Rosarito (México), una planta desaladora.
El secretario de Hacienda de Baja California, Marco Antonio Moreno Mexía, ha confirmando que las negociaciones con la empresa ya han comenzado con el objetivo de que se suspenda el arbitraje.
Las negociaciones versarían sobre un rediseño del proyecto financiero para evitar cargas a las finanzas públicas (ver “Siguen negociaciones con empresa de planta desaladora de Rosarito “, Uniradio Informa, 27.10.2022).
Según la nota de prensa de comunicación de inicio del arbitraje emitida por Consolidated Water en agosto de 2016, Aguas de Rosarito celebró un acuerdo de asociación público-privada con varias entidades estatales mexicanas, incluyendo el Estado de Baja California, México, para el desarrollo, financiación, construcción y operación del Proyecto.
En junio de 2020, las Entidades Estatales rescindieron el Contrato APP y en agosto de 2020, Aguas de Rosarito presentó una solicitud de reembolso de los gastos e inversiones realizados de los que no ha recibido nada.