La reforma que impulsa el Gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador sobre la industria eléctrica amenaza con arbitrajes de inversión de las empresas del sector si finalmente es aprobada por el Congreso. Durante el Parlamento Abierto celebrado el 11 y 12 de febrero de 2021 “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica“, muchos han sido los expertos que alertaron sobre la posibilidad de demandas internacionales, la importancia de respetar los contratos internacionales, la incertidumbre jurídica, la expropiación indirecta…
En el primer debate, Roger González, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial, explicó que el sector privado no considera que hagan falta cambios regulatorios como los que se proponen y que es vital que se respeten los contratos adquiridos. Aportó que según los expertos la iniciativa infringiría el marco legal existente y constitucional, dado que las inversiones están protegidas por tratados internacionales con los que México está c0mprometido.
Guillermo García Alcocer, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Profesor en el ITAM, indicó que: “El país requiere de todo el esfuerzo de la inversión pública para crecer, la cual debe ser complementada, en buena medida, por la iniciativa privada; cambiar las reglas del despacho eléctrico inhibe futuras inversiones en plantas eléctricas, lo que nos llevaría a escenarios de falta de inversión en otros sectores al no tener el insumo básico o, incluso, escenarios de racionamiento en la electricidad a los usuarios finales”.
Ernesto García Monroy, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, aunque resaltó que el impacto presupuestario de la iniciativa sería positivo para las finanzas públicas de la Comisión Federal de Electricidad, añadió que la afectación en el término de contratos que derivaría de la iniciativa “no es posible de estimar” por lo que se deben considerar la renegociación o terminación anticipada de los contratos.
Verónica Juárez Piña, coordinadora del grupo parlamentario del PRD, explicó que la nueva normativa pretende dar un revés al Poder Judicial al acuerdo de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, por lo que se darán una escalada de litigios legales en tribunales internacionales entre el Ejecutivo Federal con empresas y confrontación con sus gobiernos, por lo que las consecuencias económicas son impredecibles. Incertidumbre jurídica por el cambio de legislación retroactiva, con los gobiernos extranjeros por la trasgresión del Estado de Derecho emanado de la reforma de 2014, así como en las cláusulas del T-MEC en lo relativo a la reciprocidad en el contrato de empresas con elevadas inversiones y la libre competencia.
Para José Luis Luege Tamargo, especialista en energía, la iniciativa es violatoria de diversas leyes y de preceptos constitucionales y, entre otros, provocará que no se cumpla la meta aprobada por México de generar, a través de energías renovables, el 35 por ciento del fluido eléctrico en el 2024, y un sinnúmero de amparos o controversias y ocasionará un grave daño económico por la pérdida de miles de millones de pesos de inversión en proyectos de energía renovables.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Dulce María Sauri Riancho compartió que el tema levanta pasiones y resuena más allá de las fronteras, la votación consecuente tendrá impacto en la posibilidad del país de cumplir con los acuerdos de París en reducción de emisiones contaminantes, así como honrar los tratados comerciales como el TPP y el T-MEC.
Israel Hurtado Acosta, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético, estimó que la iniciativa tiene vicios de inconstitucionalidad y corre el riesgo de ser impugnada en las cortes nacionales e internacionales y de poner en riesgo el prestigio de México.
En el caso de Óscar Ocampo, del Instituto Mexicano para la Competitividad y especialista en temas de energía y comercio exterior relacionados con la implementación del T-MEC: “es imperante que esta iniciativa no se apruebe en sus términos porque las consecuencias las pagaríamos todos los mexicanos al impactar las finanzas públicas. El objetivo de una política energética debe ser beneficiar a todos”. Para este experto la reforma representa una expropiación directa y hace inviable la inversión al alentar la generación eléctrica a partir de fósiles, porque es más costoso, contaminante y con una infraestructura obsoleta coloca a México en condiciones desventajosas; y se corre el riesgo de violar los tratados internacionales signados por el país.
Isabel Studer, especialista en Medio Ambiente, señaló que “con la reforma planteada habrá una lluvia de juicios por la inconstitucionalidad de esta ley secundaria e incluso arbitrajes internacionales vía los tratados internacionales, que costarán a los contribuyentes miles de millones de pesos”.
Gabriel Quadri, economista y ambientalista, consideró que esta iniciativa tiene carácter regresivo y atenta, entre otros, contra principios de competencia y libre concurrencia, que tendrá severos impactos en la economía nacional, ahuyentará la inversión privada y generará incertidumbre jurídica y política.
Estos testimonios han sido recogidos de los vídeos presentados en la página web de la Cámara de Diputados de México, son aquellos en los que se critica la ley y se alerta sobre la posibilidad de que se lleve a tribunales internacionales. Otros expertos, sin embargo, exponen su punto de vista a favor de la iniciativa y la defienden también. Todas las intervenciones pueden ser consultadas en los boletines de febrero en este enlace.
