En una conferencia de prensa celebrada en Madrid el 30 de mayo, representantes de las empresas afectadas por los impagos de España de los laudos de las renovables plantearon la intención de los demandantes de llegar a un acuerdo con el Gobierno español. Durante las intervenciones, se afirmó que la propuesta que han estudiado cuenta con el visto bueno de la mayoría de los acreedores, aunque no se aclaró abiertamente si se ha producido un contacto ya con el Gobierno español.
Nick Cherryman, abogado experto en Litigación Internacional y Arbitraje; Nikos Lavranos, experto en Derecho de Inversiones y Arbitraje y autor de un informe periódico sobre cumplimiento de laudos bajo tratados de inversión; Lena Sandberg, abogada de Gibson, Dunn & Crutcher; y Ashley Messick, directora general de Investigaciones Globales de JS Held, han participado junto al analista económico Diego Sánchez de la Cruz en la conferencia de prensa en la que también se presentó la web “spanishrenewabledebt.com/es“, que expone los números de la deuda española en los arbitrajes de inversiones del sector de las energías renovables.
Ashley Messick, que dio su testimonio de manera virtual, defendió que las naciones deben pagar sus deudas: “Es poco habitual que en países como España se den situaciones de este tipo”. Messick explicó el rastreo para identificar activos españoles en el extranjero que pueden ser objeto de embargo para compensar a los inversores afectados: la indemnización del caso Prestige o la filial de Navantia en Australia, además de otros activos inmobiliarios como el Instituto Cervantes en Londres o la Escuela Internacional Vicente Cañada, entre otros. E hizo referencia a la situación en Estados Unidos, con la docena de procedimientos de ejecución abiertos, o en Australia y Reino Unido.
Nick Cherryman afirmó que buscan soluciones y que invitan al Gobierno a llegar a un acuerdo. Hizo referencia a lo difícil que es encontrarse en el país para tratar este tema y afrontar que “España no respeta el derecho internacional”. Citó el caso de inversores a los que representa que apostaron por una explotación energética renovable en Granada bajo un régimen especial y atractivo, que paliaba los efectos de una inversión que se consideraba arriesgada.
Para Nikos Lavranos: “Encontrar una solución supondría desbloquear las inversiones que están esperando entrar en España. El 80% de los laudos de inversiones acaban siendo pagados por los Estados y llegar a un acuerdo no es excepcional en el arbitraje internacional“. El experto hizo referencia al caso Vattenfall v. Alemania en el que las partes llegaron a una solución a través de la que el inversor recibió del Estado 1.600 millones de euros, en una disputa en la que el monto reclamado era 5.000 millones. “España puede negociar para que disputas en las que se juegan 10 millones de euros quizá puedan reducirse a dos.”
Lavranos abogó por plantear “soluciones creativas” encaminadas a “reinvertir en el país y que, además, toda esa inversión que está esperando, por temor a la inseguridad jurídica, también se anime.”
Por su parte Lena Sandberg trató el apoyo de la Comisión Europea a España y afirmó que la Comisión siempre ha abogado por “una solución amistosa”, al margen del apoyo que ha mantenido a España en los procedimientos abiertos, así como en las ejecuciones de laudo abiertas en diferentes jurisdicciones. Citó los casos de los cuatro inversores que no estarían bajo el paraguas europeo, pero que también están sufriendo el impago de España, las cuatro compañías japonesas: Eurus, JGC Holdings, Itochu y Mitsui.
“El Fiasco de España con las Renovables”
En la web presentada encabezada por la frase “El Fiasco de España con las Renovables” se muestra un “Reloj de deuda” con el monto total adeudado por España y su crecimiento en tiempo real, y se puede consultar:
- el índice de cumplimiento de laudos internacionales,
- el listado de condenas,
- las acciones de embargo de bienes y activos,
- el default técnico que afecta a títulos de deuda soberana española,
- el listado de condenas,
- el daño a la economía española por el default técnico y
- un listado de empresas españolas que han recurrido a procedimientos de arbitraje internacional.
Las indemnizaciones que debe afrontar España suman más de 1.500 millones de euros, que minuto a minuto ascienden debido a los intereses de demora. En la web cifran el daño a la economía española en más de 7.300 millones de euros y los honorarios asumidos de abogados y consultores contratados para su defensa en 71 millones.
