Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela afectan al mercado internacional, en este caso al de los carburantes. Repsol, ante una posible salida por la incapacidad de operar a pleno rendimiento en el país, plantea en el Informe Financiero Anual 2021, presentado ante la CNMV, que, en caso de disputa relacionada con la financiación de Petroquiriquire -empresa de capital mixto entre Repsol y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)-, las partes se someterán al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París.
En el documento, la compañía petrolera española da cuenta de los préstamos concedidos a distintas sociedades, entre los que destaca la financiación a los negocios conjuntos en Venezuela y una línea de crédito firmada entre Petroquiriquire, S.A., Repsol y PDVSA.
Las tres entidades firmaron, en octubre de 2016, varios acuerdos para reforzar la estructura financiera de Petroquiriquire. “Esta financiación, así como los compromisos asumidos por PDVSA se rigen por la Ley del Estado de Nueva York y las disputas que pudieran surgir se someterán a arbitraje en París conforme a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional”, se detalla en el informe.
Operaciones de mantenimiento hasta el 1 de junio de 2022
En relación con las sanciones internacionales que afectan al gobierno venezolano y a PDVSA y sus filiales, destaca el anuncio realizado el 24 de noviembre de 2021 por el gobierno de EE.UU. de permitir a las compañías continuar con “actividades destinadas al mantenimiento limitado de sus operaciones esenciales para la seguridad o preservación de los activos hasta el 1 de junio de 2022.”
Repsol explica que: “si se mantiene la situación actual en el largo plazo o se produjesen nuevas modificaciones de las políticas de EE.UU., podrían verse afectadas nuestras actividades en Venezuela”, por lo que realiza una “evaluación de la recuperabilidad de sus inversiones, así como del riesgo de crédito sobre las cuentas a cobrar a PDVSA.”
La empresa ha reconocido en 2021 provisiones por el perfil de crédito de PDVSA y por el deterioro del entorno de los negocios en Venezuela: “afectando al valor de los instrumentos de financiación y cuentas a cobrar a PDVSA (-223 millones de euros) así como al valor de las inversiones contabilizadas por el método de la participación (-129 millones de euros).”
