El pasado 16 de diciembre de 2015, la Corte Internacional de Justicia de La Haya publicó la sentencia referida al caso que enfrentaba a Nicaragua y Costa Rica sobre la construcción de una carretera junto al Río San Juan.
En la sentencia, la Corte concluye que Costa Rica debe continuar esforzándose en la obligación de supervisar los efectos del proyecto sobre el medio ambiente. Además, reitera el valor de la cooperación entre ambos países en el cumplimiento de sus respectivas obligaciones en relación con el río San Juan.
Según información publicada por Jorge Cabrera Medaglia, abogado y asesor del Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica, en La Nación: “Este deber, considerado de naturaleza procedimental, debe ser respetado aun si el derecho interno establece lo contrario, como ocurrió con la declaratoria de emergencia para la construcción de la denominada trocha fronteriza, que según la jurisprudencia constitucional (votos 3266-2012 y 6322-03) constituye una de las causas para eximir del cumplimiento de la normativa ambiental incluida la obtención de la viabilidad ambiental por parte de Setena.”
En relación con la estimación de los daños ambientales, el tribunal estima que “Nicaragua tiene la obligación de indemnizar a Costa Rica por los daños materiales causados por las actividades ilegales en territorio costarricense” y decide que, si las partes no llegan a un acuerdo en los próximos 12 meses desde la fecha de la sentencia, “la cuestión de la indemnización debida a Costa Rica será, a petición de una de las Partes, resuelta por el Tribunal…”
Nicaragua tiene dos arbitrajes pendientes sobre diferencias limítrofes ante la Corte de La Haya con Costa Rica y Colombia.
