Infrastructure Services Luxembourg S.A.R.L y Energia Termsolar B.V. reclaman al Gobierno español, ante el Tribunal Superior de Londres, más de 120 millones de euros, indemnización concedida por un tribunal de arbitraje de inversión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) al fondo Antin, en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía. Se trata de un juicio que puede sentar un precedente importante para el resto de las reclamaciones de los procedimientos de las renovables y deudas pendientes del país y, en juego, la reclamación de 1.000 millones, que puede ser embargada, sobre la indemnización en el caso Prestige.
Las dos empresas iniciaron procedimientos de ejecución del laudo arbitral ante el Tribunal Superior de Londres para recuperar sus deudas impagadas y obtuvieron una orden registrando el laudo como sentencia de este mismo tribunal en junio de 2021, y posteriormente han obtenido el embargo provisional sobre la reclamación en la sentencia del vertido del Prestige a favor de España.
El Gobierno español compareció el 31 de marzo de 2023 ante el Tribunal Superior de Londres para anular la orden judicial obtenida por los inversores en energías renovables Infrastructure Services Luxembourg S.A.R.L y Energia Termsolar B.V. -titulares del laudo Antin-. La audiencia estaba programada en cuatro días.
El Gobierno español ha solicitado al tribunal londinense que anule la orden de registro del laudo alegando inmunidad estatal.
Orden provisional sobre los 1.000 millones de la reclamación del Prestige
El Tribunal Superior de Londres ha emitido una orden provisional que permite a los titulares del laudo de Antin embargar 120 millones de euros de la reclamación de 1.000 millones de dólares del Gobierno español a The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association tras el vertido de petróleo del Prestige en 2003.
En enero de 2023, la petición de la Comisión Europea de intervenir en el juicio fue rechazada por el Tribunal Superior de Londres, la magistrada Justice Cockerill señaló que su intervención “aumentaría la complicación y los costes” y que la Comisión Europea “demostrablemente no era neutral”.
El planteamiento de España y de la Unión Europea
La Comisión Europea ha apoyado a España en los litigios por las renovables sobre la base de que el tribunal de arbitraje del CIADI no es el lugar adecuado para resolver el conflicto sobre los cambios normativos de las renovables promovidos por España entre 2010 y 2014, que deberían haber sido atendidos en tribunales de la Unión Europea, sosteniendo el error de sometimiento de un litigio intraeuropeo a arbitraje bajo el Tratado de la Carta de la Energía.
Para Nick Cherryman, socio del bufete de abogados Kobre & Kim que lleva el caso: “El planteamiento de España y la UE, incluidos los argumentos que probablemente se esgrimirán durante esta audiencia, siguen socavando el régimen de protección de las inversiones establecido desde hace tiempo por el Tratado sobre la Carta de la Energía y el Convenio del CIADI. Se ha dictado un laudo arbitral a favor de mis clientes, que ha sido registrado por los tribunales del Reino Unido, ordenando a España que les pague 120 millones de euros más intereses. España está obligada a saldar esta deuda.”
Y, curiosamente, el 29 de marzo, día anterior al inicio de las audiencias en Londres, por primera vez, una corte estadounidense aceptó el argumento de España en virtud de los mandatos de la Unión Europea. El tribunal rechazó la solicitud de ejecución de un laudo de 26,5 millones de euros de las compañías, también holandesas AES Solar Energy Coöperatief UA y Ampere Equity Fund BV, contra España. El juez consideró que España carecía de capacidad jurídica para aceptar el arbitraje con arreglo a la legislación de la Unión Europea.
Breve sobre el conflicto
Los titulares del laudo Antin invirtieron en la instalación solar Andasol de Granada en 2011 tras el anuncio por parte de España de incentivos para los inversores en renovables, suprimidos después por las reformas normativas del Gobierno de España, llevadas a cabo entre 2012 y 2014, a las ayudas estatales a este tipo de energías .
Antin presentó una demanda de arbitraje invocando el Tratado sobre la Carta de la Energía ante el CIADI y el Gobierno español fue condenado a pagar 101 millones de euros más intereses.
