El inversor moldavo Nicolai Visnea, propietario al 50% de la empresa Mariscos Polar, pionera en la captura del cangrejo de las nieves en Europa desde 2012, ha presentado una denuncia contra España por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea ante la Comisión Europea. El procedimiento está relacionada con la controversia notificada al Gobierno español en octubre de 2023 por expropiación de su inversión en España, dadas las suspensiones y la revocación definitiva de los permisos de pesca del cangrejo de las nieves para las zonas de Svalbard y de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste (CPANE).
La denuncia fue registrada el 16 de octubre de 2024 y el inversor pretende abrir un procedimiento de infracción contra España en defensa de todos los operadores de la UE en la industria del cangrejo de las nieves, así como de los Estados miembros afectados (Estonia, Polonia, Lituania y Letonia).
Visnea denuncia que España infringió el Derecho de la UE al no proteger los intereses de la UE en los derechos de pesca en Svalbard. El objetivo del inversor es conseguir la restitución del permiso de pesca revocado para poder seguir pescando los cangrejos de las nieves en Svalbard y la adecuada protección jurídica del mismo permiso (y de los derechos pesqueros subyacentes) por parte de España mediante un arbitraje internacional contra Noruega.
Noruega ha visto cómo esta situación ha producido los tres únicos procedimientos abiertos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dos de ellos ya archivados: el de la lituana UAB Arctic Fishing, registrado en 2022, y el de la letona SIA Baltjura-Serviss, en 2023. Solo uno permanece abierto, el de las también letonas Peteris Pildegovics y SIA North Star iniciado en 2020.
En octubre de 2023, Visnea y su socio en Mariscos Polar, el ruso Igor Smirnov, notificaron a España de su intención de recurrir a arbitraje de inversiones por la suspensión de los permisos de pesca del cangrejo de las nieves para las zonas de Svalbard y de CPANE. En relación a los los daños sufridos por la revocación de los permisos, según el abogado de los inversores, Danilo Ruggero Di Bella, estos “seguirán siendo abordados en los arbitrajes de inversión, cuyas varias opciones de foro están siendo actualmente estudiadas por mis Clientes.”
La controversia
El arrastrero de bandera española Adexe Primero, pesquero de Mariscos Polar, fue pionero en la captura del cangrejo de las nieves en Europa desde 2012, y llevó a cabo sus actividades en virtud de los permisos de pesca expedidos por España.
En 2015, Rusia y Noruega declararon a esta especie propia de la plataforma continental, y no un recurso pesquero de alta mar, por lo que su explotación solo corresponde a los países ribereños.
Siguiendo recomendaciones de la Unión Europea, España suspendió el permiso para esta pesca, renovándolo posteriormente para volver a suspenderlo. Los inversores, citando al Tratado de París de 1920, consideran que el archipiélago de Svalbard debería ser plataforma continental no solo para los noruegos, sino también para el resto de firmantes del tratado.
España no renovó el permiso de pesca, a pesar de que la Unión Europea recomendó hacer caso omiso de la prohibición noruega.
En las notificaciones de intención de recurrir a arbitraje de inversión, Visnea y Smirnov denuncian, entre otros:
- el incumplimiento de las obligaciones de España con sus inversores extranjeros tras el no cumplimiento por parte de Noruega del Tratado de París y la definición del cangrejo de las nieves, por parte de Rusia, como recurso de la plataforma continental,
- perturbación de la actividad del buque y de su armador “Mariscos Polar”,
- que España expropió directamente los permisos de captura del cangrejo de las nieves y expropió indirectamente a la empresa del inversor moldavo que operaba gracias a esos permisos,
- España no concedió a Mariscos Polar el trato más favorable que podría haber concedido,
- España incumplió la norma de trato justo y equitativo, o
- España no concedió una protección jurídica adecuada frente a las reclamaciones posteriores de Noruega sobre los derechos de pesca que España había concedido previamente a su inversor extranjero en primer lugar.
Cada uno de los inversores reclaman a España una indemnización por los daños y perjuicios sufridos de 31,5 millones de euros, en total 63 millones.
