El pasado 14 de septiembre, la Corte Suprema de Chile (Rol 19.568-2020) dictó una importante sentencia en materia de interpretación de cláusulas arbitrales y, en particular, en la distinción entre arbitraje nacional e internacional que, en Chile, tiene una regulación dualista: el arbitraje doméstico se regula particularmente en los Códigos de Procedimiento Civil y Orgánico de Tribunales, mientras que el internacional se gobierna por la Ley de Arbitraje Comercial Internacional (“LACI”), que sigue la Ley Modelo sobre la materia. Por Orlando Palominos A. (Morales & Besa Ltda.).

En particular, tras rechazar un recurso de queja1 interpuesto contra los ministros de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que declararon inadmisible un recurso de apelación presentado en contra de un laudo arbitral, la Corte Suprema anuló de oficio2 la referida decisión y, acto seguido, declaró admisible el recurso de apelación.

Lo anterior, a pesar de que el arbitraje podía calificarse como internacional conforme al artículo 3 de la LACI pues el domicilio del recurrente se encontraba en el extranjero (México) y las partes acordaron someterse al reglamento de arbitraje internacional del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, de modo que solo era procedente el recurso de nulidad establecido en el artículo 34 de la LACI.

En su razonamiento, la Corte Suprema deja entrever principios básicos en materia de interpretación de cláusulas arbitrales (principalmente, su carácter convencional y autónomo), pero sobre todo enciende luces de alerta a la hora de redactar, interpretar y aplicar tales cláusulas.

En efecto, tras reafirmar el carácter esencialmente voluntario del arbitraje y su origen en el libre acuerdo de las partes, la Corte Suprema agrega de inmediato que esa naturaleza convencional obliga a tener en especial consideración la intención de las partes al contratar, así como su comportamiento posterior, para determinar el correcto sentido y alcance de la cláusula arbitral.

De este modo, y aun cuando en el caso concreto las partes hubieren pactado que su intención era someterse al reglamento de arbitraje internacional del centro de arbitrajes mencionado, lo cierto es que la incorporación expresa en la misma cláusula arbitral del derecho a deducir un recurso de apelación y la reiteración de este derecho al momento de acordar el procedimiento específico del arbitraje, eran elementos que contradecían la pretendida naturaleza internacional del arbitraje y que debían considerarse para determinar cuál había sido la real intención de las partes respecto de la naturaleza del arbitraje y su régimen de recursos.

Para indagar entonces la real voluntad de los suscriptores de la cláusula arbitral, la Corte Suprema consideró de suma importancia tener a la vista el principio de buena fe procesal, en virtud del cual las partes deben colaborar en la consecución de los objetivos que persigue la administración de justicia.

considerar improcedente el recurso de apelación para el caso concreto, contradecía el principio de buena fe procesal

Teniendo en cuenta aquello, la Corte Suprema interpretó que considerar improcedente el recurso de apelación para el caso concreto, contradecía el principio de buena fe procesal y el deber de las partes de no contradecir sus actos propios que se deriva de ese principio, pues si bien los contratantes se refirieron al “reglamento de arbitraje internacional” en la cláusula arbitral, lo cierto es que en ningún momento mencionaron o se sujetaron a la LACI; por el contrario, regularon expresamente la procedencia del recurso de apelación en la cláusula, y reiteraron esa elección al acordar las bases o términos del procedimiento arbitral. Aún más, la Corte Suprema agregó que fue solo en litigios posteriores entre las mismas partes, que estas modificaron la cláusula arbitral para adecuarla al sistema recursivo establecido en la LACI y eliminar la procedencia del recurso de apelación.

Debido proceso

Para concluir este punto, la Corte Suprema tuvo en consideración que el derecho a impugnar una decisión judicial, el de acceso a la justicia y el de tutela judicial efectiva que integran el debido proceso conforme al derecho chileno, obligan a aplicar una interpretación restrictiva sobre cláusulas que limiten o restrinjan el sistema recursivo contra sentencias judiciales o arbitrales. Así, aunque olvidando que la LACI sí establece un recurso en contra de laudos arbitrales, la Corte Suprema recurre a la garantía del debido proceso para interpretar la intención de las partes.

Ahora bien, la sentencia en comento también vuelve a dejar en evidencia la importancia de redactar cuidadosamente las cláusulas arbitrales, de un modo consistente con la intención de las partes en el caso concreto. Resulta entonces más relevante evitar el uso de cláusulas tipo que se insertan a última hora, descontextualizadas en los contratos o con inserciones inconsistentes con el modelo elegido (por ejemplo, una cláusula tipo de arbitraje internacional a la que se inserta la procedencia de un recurso de apelación).

Más aún, la Corte Suprema agrega también la carga a las partes de comportarse de un modo consistente con la redacción que dieron al convenio arbitral, de modo evitar contradicciones que perjudiquen los objetivos que tuvieron en mente al momento de pactar el acuerdo arbitral.

Como es permanentemente afirmado, detrás de la elección del arbitraje se encuentra la intención de alcanzar decisiones finales y definitivas, solo sujetas a recursos excepcionales e irrenunciables para las partes. Así, en el marco de un arbitraje internacional, en principio la intención de las partes es que un laudo solo sea susceptible de un recurso de nulidad (lo que en el caso chileno ha sido permanentemente respaldado por la Corte Suprema a partir del artículo 34 de la LACI), de modo que la incorporación de referencias a recursos impropios de ese tipo de arbitrajes solo genera incertidumbre y desnaturaliza la intención inicial de las partes.


1 El recurso de queja es un recurso extraordinario y de carácter disciplinario que, en el arbitraje nacional chileno, es utilizado como un mecanismo de impugnación de laudos arbitrales en aquellos casos en que las partes han renunciado a los recursos jurisdiccionales. En ese orden, el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales dispone que “El recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. Sólo procede cuando la falta o abuso se cometa en sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación o definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario…”.
2 En Chile, excepcionalmente, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema pueden invalidar de oficio una sentencia, aun cuando rechacen el recurso que se hubiere interpuesto ante ellos por el interesado.

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