El arbitraje de inversiones entre el empresario portugués Ricardo Filomeno Duarte Ventura Leitão Machado, propietario de la compañía de proyectos energéticos Aenergia SA, y Angola ya tiene tribunal en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Valeria Galíndez, Alfonso Iglesia y Diego P. Fernández Arroyo decidirán sobre esta controversia, la primera que enfrenta el país africano ante el organismo internacional.
El conflicto se encuadra en el sector de la Energía en el que Leitão Machado se ha enfrentado con entidades estatales angoleñas y con varias empresas relacionadas con General Electric.
Valeria Galíndez, de nacionalidad argentina y brasileña es la presidenta designada por los coárbitros. Galíndez ha participado en el arbitraje del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria contra Bolivia, lo hizo como coárbitro en un arbitraje que condenó al país a indemnizar a la entidad bancaria con 105 millones de dólares. Es presidenta de los tribunales del arbitraje que decide en HSBC Latin American Holdings Ltd. v El Salvador y Autopistas del Atlántico v. Honduras; y coárbitro en Infrared v. Colombia.
Para Alfonso Iglesia es el primer arbitraje CIADI del que forma parte del tribunal. Actual presidente del Club Español e Iberoamericano de Arbitraje, Iglesia es socio y director de la práctica de Arbitraje Internacional y Litigación de Cuatrecasas.
Diego Fernández Arroyo ha intervenido en nueve procedimientos CIADI, en cuatro como presidente, en dos como co-árbitro y en tres como miembro de Comité de anulación. Arbitrajes como el de Enagás-Perú, Vidrios Los Andes-Venezuela, Alicia Grace-México, Tenaris y Talta o Astrida Benita Carrizosa, son algunos de ellos.
Algo más sobre el conflicto
En 2017, Aenergia consiguió la licitación por parte del Gobierno angoleño para proveer de suministros eléctricos por valor de más de mil millones de dólares. En 2019, el Ministerio de Energía y Aguas de Angola notificó a Aenergia SA su intención de rescindir los contratos de instalación, asistencia técnica y mantenimiento de centrales eléctricas en el país mediante orden presidencial para liquidar las cuentas con la compañía controlada por el portugués, tomar posesión de los equipos y concluir acuerdos con General Electric para garantizar la ejecución de los contratos. Los contratos, financiados a través de un préstamo concedido al Gobierno por GE Capital Ltd, fueron aprobados por el Ministerio en julio y agosto de 2017 (“Angola: Aenergia contracts revoked“, African Energy, 13.09.2019).
Aenergia recurrió a un tribunal de Washington en busca de una indemnización. En junio de 2023, el juez estadounidense concluyó que carecía de jurisdicción y ordenó a la portuguesa que presentara la demanda ante tribunales de Angola. El país argumentó que canceló los contratos debido a la “violación del principio de buena fe y abuso de confianza” (ver “Company loses case seeking to sue Angolan government in the US“, Brian Okoth, TRT Africa, 24.06.2023).
