Una Corte de Apelación de Londres ha concluido que España no puede ejecutar la indemnización de 855 millones de euros concedida por un juzgado español contra las aseguradoras del Prestige. El tribunal dictaminó el 12 de diciembre de 2024 el arbitraje inglés se lo impide.
España argumentaba que la apertura del procedimiento de arbitraje, autorizado por la justicia británica en octubre de 2023 no podría impedirle ejecutar la sentencia, pero la Court of Appeal (Civil Division) ha ratificado una decisión de un juzgado londinense que en octubre de 2023 declaró que el asunto del vertido del Prestige debía dirimirse a través de arbitraje en Inglaterra.
Se trata del último intento de ejecutar la condena contra la aseguradora “The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Ltd.” determinada en 2019 por juzgado de La Coruña.
España junto con Francia han pretendido desde el principio que el pleito se lleve en jurisdicción local, pero la aseguradora The London P&I Club sostuvo siempre que cualquier disputa entre las partes debía someterse a arbitraje en Londres.
España mantenía que la sentencia española debía ejecutarse en Inglaterra y Gales, basándose en una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el TJUE) dictada el 20 de junio de 2022 (la decisión del TJUE).
Un laudo de 2013 dictado por Alastair Schaff había declarado que España estaba obligada a arbitrar sus reclamaciones contra el Club e impedía la ejecución de la sentencia española. El tribunal de apelación concluye que el laudo de Schaff crearon un “impedimento vinculante”, es manifiestamente contrario al orden público inglés reconocer la sentencia española.
Sin embargo, la corte rechaza la petición del Club de considerar una indemnización por daños y perjuicios contra España y Francia; así como el argumento de que se violaron manifiestamente los derechos humanos del Club por la “forma en que el Tribunal Supremo español trató las conclusiones de hecho contra el capitán. El capitán ya había perdido recursos ante el Tribunal Constitucional español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.”
