La negación a aceptar la sentencia de los tribunales españoles por parte del grupo asegurador del Prestige lleva a la Abogacía del Estado español a luchar en Londres por que se reconozca la sentencia a favor de España de 855 millones de euros.
Las aseguradoras del petrolero Prestige que causó la tercera catástrofe medioambiental más grande de la historia de la navegación por el combustible liberado y por la extensión afectada, según la Abogacía del Estado se sometieron a la jurisdicción de los tribunales españoles.
A pesar de que el desastre se llegó a cifrar en más de 4.000 millones de euros, la cantidad reclamada es menor debido a que la póliza suscrita por el Prestige solo podría reconocer esa garantía.
Las aseguradoras alegan el impago de las pólizas del seguro por parte del armador del Prestige por lo que no tienen obligación de asumir el pago de los daños producidos por la marea negra, y acusan tanto a España como a Francia de violar una decisión de arbitraje que limita su responsabilidad por el derrame masivo de petróleo.
Jurisdicción local o arbitraje
España junto con Francia han pretendido desde el principio que el pleito “Prestige” se llevara en jurisdicción local, pero la aseguradora The London P&I Club, sin embargo, sostiene que cualquier disputa entre las partes debe someterse a arbitraje en Londres.
El argumento de The London P&I Club es que buscar una compensación en virtud de un contrato comercial, no se trata de un acto soberano.
En junio de este año, el juez del caso Andrew Henshaw (Justice of the High Court) negó la reclamación de inmunidad soberana y dio luz verde al inicio de los procedimientos de arbitraje sobre la cobertura aseguradora del desastre medioambiental que contaminó con 77.000 toneladas de petróleo las costas españolas y francesas.
