A principios de enero informábamos de las dos demandas de arbitraje presentadas ante la Cámara de Comercio Internacional ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre la Autoridad del Canal de Panamá, ACP, y Grupo Unidos por el Canal, GUPC (integrado por Sacyr, Impregilo, Jan de Nul y Constructora Urbana S.A.). Pues según las últimas informaciones publicadas en prensa tanto española, como panameña los conflictos distan mucho de limitarse a las instancias internacionales.
La ACP ha respondido a la acusación de GUPC, publicada en el diario Expansión (“Panamá intenta asfixiar financieramente al consorcio de Sacyr“), sobre presiones a la banca para evitar la renovación del “fronting de las garantías (aseguramiento de garantías en el exterior) por valor de 300 millones”.
Jorge Quijano, administrador de la ACP, respondió a través de Panamá América que no es cierto que estén realizando manipulación a ningún banco y que la información publicada es imprecisa y falsa.
En la información “Sacyr acusa a la ACP de presionar con los bancos“, Panamá América, 31/1/17, Quijano explica que las entidades acusadas, Banistmo y Scotia Bank, “han tramitado las extensiones de cartas de créditos por un monto total de $548 millones hasta diciembre del 2018”, según los términos del contrato.
Según la prensa citada, GUPC ha acudido a la Corte de Arbitraje de Miami con el objetivo de que adopte medidas cautelares. Por su parte la ACP acudió a la Alta Corte de Londres “para reclamar los dineros adeudados” según medios panameños (véase “Conflicto entre GUPC y Autoridad del Canal de Panamá llega ante la Corte de Arbitraje de Miami“).
En el artículo citado, varios expertos manifiestan su parecer en contra del GUPC tachando de “desproporcionados” los reclamos del consorcio.
Créditos imagen: Autoridad del Canal de Panamá.
