El Gobierno de Perú no ha podido evitar llegar a arbitraje, tal y como manifestaba el pasado mes de septiembre, por el Metro de Lima con el consorcio encargado de la ampliación de la Línea 2 (Consorcio Nuevo Metro de Lima) en el que se encuentran las españolas ACS y FCC. Finalmente, el consorcio, integrado por Cosapi, Impregilo, Iridium Concesiones de Infraestructura-filial de ACS-, Vialia Sociedad Gestora de Concesiones de Infraestructura -filial de FCC-, Ansaldo Breda y Ansaldo STS, ha presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversión, Ciadi, la demanda de arbitraje contra la República de Peru.
El Gobierno peruano reclamaba más de 200 millones de dólares por retardo en la entrega de los terrenos saneados, mientras que Consorcio Nuevo Metro de Lima alega que los terrenos no presentaban las condiciones pactadas en el contrato y de ahí los retrasos (según información publicada en El Economista: “ACS y FCC piden al Banco Mundial un arbitraje con Perú por el metro de Lima“).
El Consorcio recurrió ante el Ministerio de Economía y Finanzas como organismo “Coordinador del Sistema de Coordinación y Respuesta en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI)“ para dar solución al conflicto en el plazo de seis meses, y evitar así recurrir a instancias internacionales. Sin embargo no ha habido entendimiento y Perú sumará uno más a los arbitrajes en trámite que soporta en su mayoría ante tribunales Ciadi:
- DP World Callao S.R.L., P&O Dover (Holding) Limited y The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company c. República del Perú
- The Renco Group, Inc. c. República del Perú
- Exeteco Internacional Company S.L c. República del Perú
- Bear Creek Mining Corporation c. República del Perú
- Gramercy Funds Management LLC y Gramercy Peru Holdings LLC c. La República del Perú
La defensa de Consorcio Nuevo Metro de Lima está representada por Cuatrecasas, Madrid, y el despacho estadounidense Foley Hoag representa al Gobierno peruano.
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