“El Tribunal Arbitral por unanimidad rechaza en su totalidad las demandas del Sr. Díaz Gaspar”, así concluye el laudo del arbitraje presentado por el empresario español Alejandro Díaz Gaspar contra Costa Rica por alentar una campaña contra su negocio de procesamiento de pollo “Ibérico”.
El tribunal, compuesto por el francés Alexis Mourre (presidente), el estadounidense Adolfo Jiménez (designado por el demandante) y el mexicano Luis González García (designado por Costa Rica), ha resuelto que las medidas impuestas por la Administración de Costa Rica que violaron el Tratado en relación con el Trato Justo y Equitativo fueron corregidas por el Tribunal Contencioso Administrativo de San José, por lo que el cierre de Ibérico “no es imputable al Estado”, ni constituye violación de las obligaciones internacionales de Costa Rica.
Aunque las declaraciones del ministro de Salud costarricense que se debatieron en el desarrollo del arbitraje sí constituyeron la violación de la obligación del Estado sobre Trato Justo y Equitativo, no se acredita que hayan causado daños al demandante.
En relación con las costas, el Tribunal Arbitral ha decidido que cada Parte asuma sus gastos de
representación y de defensa, y que los costos del arbitraje sean divididos en partes
iguales entre las Partes.
El laudo se acompaña por una “Opinión parcial separada” de González García en la que, entre otros analiza, el tratamiendo de los residuos por parte del empresario, los excesos en la producción de pollo o la operación sin contar con Licencia de Viabilidad Ambiental.
El conflicto
En 2016, el Ministerio de Salud realizó inspecciones del negocio y detectó una serie de infracciones que obligó a corregir en plazos cortos, según el demandante, para poco después emitir órdenes administrativas que suspendieron la actividad provocando la salida de Ibérico del mercado costarricense.
El empresario español acusa también al Gobierno costarricense de seguir una campaña de desprestigio y difamatoria en su contra.
