El vertido de petróleo de un buque que descargaba en la Refinería La Pampilla, gestionada por Repsol, provocado el 15 de enero por la erupción de un volcán en Tonga que provocó un tsunami, es el centro de un desastre ecológico visualizado internacionalmente a través de las imágenes volcadas en redes sociales, y palpado por las comunidades afectadas directamente. Entre lo que ya se anuncia: una posible demanda colectiva vía arbitraje contra Repsol.
La falta de coodinación e información entre el Gobierno peruano y los responsables de la Refinería de Repsol, que explican que no recibieron la alerta de grandes olas que comprometieran las actividades de carga y descarga en La Pampilla, inicia esta controversia.
Ayer, 31 de enero, el Ministerio del Ambiente peruano comunicó que dispone la paralización de operaciones de carga y descarga de hidrocarburos por parte de Repsol en La Pampilla mientras “no brinde las garantía técnicas indispensable de que no producirá otro daño como el ocurrido el pasado 15 de enero en el litoral de Ventanilla”. El Ministerio del Ambiente, a través de Resolución, determina también la paralización de otras operaciones de carga y descarga en otras cuatro terminales hasta que Repsol presente al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) un “Plan de Gestión ante Derrames de Hidrocarburos en Mar”.
El 27 de enero, el OEFA publicó un comunicado en el que informaba de las medidas de cumplimiento inmediato dictadas hacia Repsol que contemplaban, entre otros, la identificación de las zonas afectadas o el seguro de áreas de contención, recuperación y limpieza.
Según la OEFA: “las playas afectadas son las siguientes: Costa Azul, Cavero, Javier, Isla Grande, Bahía Blanca, Santa Rosa Chica, Santa Rosa Grande, Club Naval, La Puntilla, San Francisco Grande y Chico, Hermosa, Enanitos, San Marín, 18, Balneario de Ancón, Donofrio, Miramar, Conchitas, Pocitos, playas del Serpentín de Pasamayo, Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Punta Guaneras – Islote Grupo de Pescadores, Isla Huampanú, Isla Mazorca, Chacra y Mar, Peralvillo, Cascajo y Punta Salinas.”
La paralización de las actividades de carga y descarga en cuatro terminales se ordenó el 31 de enero de 2022 a través de la Resolución n.° 00013-2022-OEFA/DSEM.
A través de un comunicado, Repsol ha considerado la resolución como “desproporcionado e irrazonable”, aunque expresa su disposición a colaborar con las autoridades peruanas para reanudar lo antes posible las actividades.
Class Action contra Repsol
La primera en anunciarse en diversos medios de comunicación peruanos fue la posibilidad de iniciar un arbitraje internacional contra Repsol en forma de “class action” o demanda colectiva. Luciano López, abogado peruano, planteó la opción de recurrir al arbitraje contra el gigante petrolero a través de una acción de grupo en defensa de todos los ciudadanos afectados (ver “Iniciarían una demanda colectiva contra Repsol por derrame de petróleo en el mar“, Exitosa Noticias, 21. 01.2022).
Guido Bellido, ex primer ministro peruano, ha pedido anular el contrato de Repsol tras el daño ambiental generado. En su cuenta de Twitter, Bellido dice: “Es momento de anular el contrato con Respsol. El grave daño al medio ambiente, no es más que la punta del Iceberg. Recuperemos el control e invirtamos en alianzas con empresas serias y solidarias. ¡Sí se puede!“.
Saludos. Creo que el caso es bastante relevante en la Costa Pacífica Latinoamericana. ¿Cuál es el valor jurídico-administrativo que se le de otorgar a los Boletines de Alertas de Tsunami o maremotos que las entidades oficiales competentes deben emitir?¿Qué actividades económicas costeras se ven condicionadas?
Prof. Francisco Mesa Davila
Catedrático de Derecho Ambiental
Guatemala
fmxela@yahoo.es
El Sistema Internacional de Alarma de Tsunami del Pacífico
El objetivo operacional del Sistema de Alarma de Tsunami del Pacífico (SATP) es detectar y ubicar los terremotos ocurridos en la Región del Pacífico, determinar si ellos han generado tsunami, y proporcionar información del tsunami y alarmas en forma oportuna y efectiva a la población del Pacífico.
El SATP es un programa internacional que requiere la participación de las instalaciones sísmicas, de mareas, de comunicaciones y de difusión operadas por la mayor parte de las naciones localizadas alrededor del Océano Pacífico. Las naciones participantes están organizadas bajo la comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) como el Grupo Internacional de Coordinación para el Sistema de Alarma de Tsunami en el Pacífico (GIC/ITSU). Actualmente integran este grupo los siguientes países: Australia, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de América, Federación Rusa, Fiji, Filipinas, Francia, Guatemala, Reino Unido, Indonesia, Islas Cook, Japón, México, Nicaragua, Nueva Zelandia, Perú, República de Corea, República Democrática Popular de Corea, Samoa Occidental, Singapur, y Tailandia.
http://www7.uc.cl/sw_educ/geo_mar/html/h715.html