Según las declaraciones del director general de la minera chilena SQM, Patricio de Solminihac, si no se llega a un acuerdo, el arbitraje con Chile por el pago de regalías en el yacimiento de litio del Salar de Atacama se alargará hasta finales de 2018.
El conflicto se ha visto retrasado ante la presentación, por parte de la defensa de la estatal chilena Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), de un escrito requiriendo la falta de jurisdicción del árbitro sobre dos demandas de SQM.
SQM ha mostrado su disposición a llegar a un acuerdo
Soliminihac no ha ocultado su disposición a llegar a un acuerdo. Sin embargo, a mediados del pasado mes de octubre, las negociaciones entre ambas partes parecían haber llegado a un punto muerto tras finalizar el período de conciliación.
Solminihac se muestra confiado en que el árbitro, Héctor Humeres, dará la razón a su compañía: “(…) Estamos confiados de que tenemos argumentos y habrá una resolución positiva para nosotros, pero esto podría tomar todo el próximo año (…)” (ver “SQM estima que litigio con Corfo se extenderá por todo el próximo año“, Reynaldo Arancibia, Pulso, 24.11.2017).
Por otro lado, según información publicada en La Tercera (“Corfo pide que árbitro de caso SQM rechace dos demandas de la minera“, G. Orellana/C.León, 24.11.2017), Corfo ha requerido la falta de jurisdicción del árbitro sobre dos de las demandas interpuestas por SQM, circunstancia que deberá ser resuelta por el árbitro y que ha detenido, hasta su resolución, previsiblemente en diciembre, el curso del procedimiento.
De esta manera, parece que la pretensión del Gobierno de contar con un laudo en dos meses, tal y como manifestaba Eduardo Bitrán, vicepresidente ejecutivo de (Corfo) a principios de octubre, está lejos de ser una realidad.
El inicio del arbitraje
El arbitraje se inició en mayo de 2016 por el desacuerdo en el pago de regalías en el arriendo del salar de Atacama y después de la incapacidad de llegar a un acuerdo a través de negociaciones.
Corfo ha explicado que demandó a SQM por el incumplimiento del contrato acusando a la minera de vulnerar la integridad de los derechos del Estado en el Salar, desde los años 90, mediante acciones deliberadas, de no pagar las rentas, ocultar información y actuar de mala fe buscando impedir una licitación competitiva en 2030, cuando concluye su contrato.
