Ayer, 3 de mayo, el Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la denuncia de 12 convenios para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TBI), que la Corte Constitucional del país determinó que son ‘inconstitucionales’.
Según María Augusta Calle, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales: “La idea es renegociar, pero en igualdad de condiciones”.
Los TBI denunciados son los siguientes: China ; Chile; Venezuela; Países Bajos; Suiza; Canadá; Argentina; Estados Unidos; España; Perú; Bolivia; e Italia.
El arbitraje
Calle indicó que los TBI tienen una cláusula “paraguas”, a través de la cual el Estado ecuatoriano se compromete a cumplir cualquier otro compromiso sobre inversiones que hubiera asumido con inversionistas extranjeros.
Sin embargo, no contempla una cláusula de bifurcación mediante la cual un inversionista extranjero debe optar por recursos internos o el arbitraje internacional, sin recurrir después a una tercera opción.
“Sin esta inclusión pueden replicar demandas en distintos foros simultáneamente, lo que implica un fuerte riesgo económico para el Estado, con impactos socio-económicos desfavorables y daños ambientales”, acotó.
Ecuador ha sido demandado en 26 arbitrajes y, de acuerdo con la Procuraduría General del Estado, los laudos contra el Estado suman 1.828 millones de dólares, mientras que la cuantía demanda (arbitrajes activos y terminados) es de 12 mil millones de dólares.
Entre el 2003 y 2013 el país desembolsó 155 millones por pago a bufetes de abogados y otros gastos de arbitraje. El 50% de empresas demandantes operan en la explotación del petróleo, entre ellas Chevron II, Perenco, Encana y Oxy II.
Tras la denuncia se deben publicar Decretos Ejecutivos para cada TBI y una notificación formal por parte de la Cancillería a cada uno de los países con los que existen estos tratados.
Dados por terminados los TBI, correrá un plazo de 10 años en la mayoría de ellos para lograr un mejor texto, si no hubiera acuerdo los tratados se extinguirían.
Consultar: Asamblea Nacional de Ecuador aprueba denuncia de 12 TBI declarados inconstitucionales
