Ante la decisión de levantar la suspensión de la ejecución del laudo dictado el pasado mes de febrero en el arbitraje de Burlington contra Ecuador, por el que el Estado ecuatoriano debe indemnizar a la estadounidense con 379 millones de dólares, el procurador general del Estado Diego García Carrión ha manifestado su inconformidad con el arbitraje inversor-Estado explicando, a través de un comunicado que “adolece de graves falencias”.
El pasado 31 de agosto, el Comité de Anulación, formado por el español Andrés Rigo Sureda (presidente), la belga Vera van Houtte y el italiano Piero Bernardini (co-árbitros), notificó su decisión de levantar la suspensión de la ejecución del laudo dictado por el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi, que conoció el arbitraje iniciado por la compañía Burlington en contra de Ecuador, invocando el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones Ecuador-Estados Unidos.
el Tribunal también concluyó que Burlington era responsable de la contaminación ambiental y de la falta de mantenimiento de los Bloques en los que operó y la condenó al pago a Ecuador de USD 41´776.492,77
García Carrión pone de ejemplo el arbitraje OXY, que “con la misma argumentación, evidencia y un monto de supuesto riesgo de 1.760 millones -cinco veces mayor que el del laudo de Burlington- el Comité de Anulación en concordancia con las decisiones precedentes de otros tribunales, mantuvo la suspensión del laudo”, recriminando al comité no tener en cuenta “que la ejecución del laudo sería excesivamente onerosa y ocasionaría un daño irreparable al asignarse recursos económicos previamente destinados a rubros como educación, salud e infraestructura, cuando aún está discutiendo la posible anulación del laudo.”
En 2008, Burlington presentó demanda contra Ecuador debido a la aplicación de la Ley 42 entre 2006 y 2007, promulgada por Ecuador por la subida del precio del petróleo para establecer una nueva distribución de los ingresos que beneficiaba al Estado ecuatoriano, esto provovó la falta reiterada de pago que derivó en una serie de acciones que condujeron al abandono en 2009 de la operación de los bloques operados en la Amazonía ecuatoriana por Burlington junto a Perenco.
En febrero el tribunal del arbitraje condenó a Ecuador, quien presentaría anulación del laudo apenas una semana después. Por otro lado, el Tribunal concluyó que Burlington era responsable de la contaminación ambiental y de la falta de mantenimiento de los Bloques en los que operó y la condenó al pago a Ecuador de USD 41´776.492,77.
El 18 de mayo, la petrolera solicitó el levantamiento de la suspensión de la ejecución del laudo.
El procedimiento de anulación continúa
Según el comunicado de la Procuraduría: “no obstante esta decisión el proceso de anulación del laudo continúa de acuerdo al calendario procesal establecido por el Comité y culminará el año entrante con la realización de una audiencia a fijarse durante el primer trimestre.”
