Dos nuevos tribunales de arbitraje de inversiones se han constituido en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI) en los últimos días: los de las controversias de las mineras Glencore y Freeport McMoran con Colombia y Perú, respectivamente. En el caso de Freeport ha sido formado el comité ad hoc del procedimiento de anulación solicitado por la minera tras conocer el laudo en el que el tribunal, por mayoría, desestimó todas las reclamaciones de la minera que ascendían a más de 1.600 millones USD.
En el arbitraje de la minera suiza Glencore, el tribunal fue constituido el pasado 12 de diciembre de 2024 por la árbitra suiza Gabrielle Kaufmann-Kohler es la presidenta designada por las partes, el árbitro argentino Horacio Grigera, coárbitro nombrado por los demandantes, y por el árbitro canadiense J. Chritopher Thomas, coárbitro nombrado por Colombia.
Gabrielle Kaufmann-Kohler acumula más de cincuenta arbitrajes CIADI, en la mayoría ha sido designada presidenta de tribunal. En 10 ha formado parte del tribunal como coárbitra, seis de ellos contra Argentina y como coárbitra designada por los demandantes (Ej. Suez, Aguas de Barcelona v. Argentina, Aguas Cordobesas y Aguas de Barcelona v. Argentina, Electricidad Argentina y EDF International v. Argentina…) y en una ocasión como miembro de un Comité de anulación. Otros casos son: Access Business Group v. México, Renée Rose de Levi v. Perú, Infinito Gold v. Costa Rica, Sargeant Petroleum v. República Dominicana o Kimberly-Clark v. Venezuela.
Horacio Grigera ha participado en más de 30 procedimientos CIADI, en dos como presidente (ej. Tecmed-Mexico; Russell Resources International-Congo) y en el resto como coárbitro (ej. Vestey Group-Venezuela; Repsol YPF-Ecuador; Agroinsumos-Venezuela; Gustavo Maeso Lando-Venezuela; Valores Mundiales y Consorcio Andino-Venezuela).
J. Christopher Thomas tiene experiencia en más de 40 procedimientos CIADI. En 13 ocasiones como counsel de México y el resto como coárbitro (ej. Perenco-Ecuador, Hochtief-Argentina, Giovanni Alemanni-Argentina, Commerce Group y San Sebastian Gold Mines-El Salvador, Antin-España o Corona-República Dominicana).
La minera suiza Glencore International AG presentó esta cuarta demanda de arbitraje de inversiones contra Colombia ante CIADI. En esta ocasión lo hizo junto a las compañías colombianas Prodeco SA, Consorcio Minero Unido SA y Carbones de la Jagua SA. Las anteriores demandas fueron presentadas en 2016 (ya concluida a favor de la minera y con una condena de 19 millones de US dólares contra Colombia), 2019 y 2021.
Freeport McMoran v. Perú
El británico Christopher Greenwood es el presidente y la finlandesa Carita Wallgren-Lindholm y el paraguayo José Antonio Moreno Rodríguez los otros dos miembros del comité designado por Ajay Banga, presidente del Consejo Administrativo de CIADI.
Christopher Greenwood ha formado parte de otros 27 paneles CIADI, en trece como presidente (ej. Sun-Flower Olmeda v. España, Ladesbank Baden-Württemberg v. España, Glencore v. Colombia, Odebrecht v. Perú), en seis procesos de Anulación, en cuatro como coárbitro, como counsel en otros tres y en dos como experto.
Carita Wallgren-Lindholm ha participado en 12 procedimientos CIADI. En un arbitraje como counsel y en el resto en comités de anulación, en tres como presidenta entre los que están Stadwerki v España e Infracapital v. España.
José Antonio Moreno Rodríguez, con este acumula intervenciones en ocho casos CIADI, todos ellos procedimientos de anulación. Entre ellos: Infinito Gold v. Costa Rica; Antin v. España; Tenaris y Talta v. Venezuela; Valores Mundiales v. Venezuela; y Venoklim v. Venezuela.
La compañía estadounidense, propietaria de la Sociedad Minera Cerro Verde, presentó la solicitud de anulación parcial del laudo fruto del arbitraje mantenido con Perú desde 2020, en el que el tribunal por mayoría desestimó todas las reclamaciones de la minera que ascendían a más de 1.600 millones USD. Guido Santiago Tawil, coárbitro designado por Freeport McMoRan, adjuntó al laudo una Opinión Disidente.
El tribunal, que completaron la presidenta Inka Hanefeld y Bernardo Cremades, coárbitro designado por el Perú, dedujo, por mayoría, que Perú no mostró arbitrariedad en sus decisiones, sino que actuó según el derecho nacional aplicable y rechazó todas las reclamaciones de Freeport.
Cerro Verde consideraba que el Estado peruano había incumplido sus obligaciones bajo el Contrato de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión suscrito entre las partes en febrero de 1998 y el Acuerdo de Promoción Comercial vigente entre la República del Perú y los Estados Unidos de América, por la exigencia por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) del pago de deudas en concepto de regalías mineras que superaban los 1.000 millones de dólares.
