Una corte de apelaciones estadounidense (US Court of Appeals for the District of Columbia Circuit”) ha dictaminado que debe ejecutarse el laudo de 330 millones de dólares contra Rumanía y a favor de los hermanos suecos Micula y que el juez de un tribunal de distrito que sentenció a favor de la ejecución estaba obligado a ello por las leyes estadounidenses.
La corte estadounidense ordenó el 14 de mayo de 2024 confirmar la denegación de la petición de Rumanía -basándose en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)- de anular una sentencia de un juez de distrito por la que se ejecuta el laudo, dictado en 2013 por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en una decisión de 25 de enero de 2022 que la Comisión Europea no carecía de competencia cuando consideró ayuda de Estado, incompatible con las normas sobre ayudas estatales en la UE, la indemnización de Rumanía determinada en el laudo dictado basándose en un tratado bilateral de inversión. Asimismo, también consideró error de Derecho declarar que la sentencia “Achmea” era irrelevante en el procedimiento.
Sin embargo, para el tribunal estadounidense, los jueces estadounidenses están obligados por la legislación estadounidense a ejecutar el laudo.
En la decisión de 14 de mayo explica que: “El tribunal de distrito examinó detenidamente las dos decisiones del TJUE antes de concluir que no afectaban a su jurisdicción en virtud de la FSIA (Foreign Sovereign Immunities Act).” Y agrega que: “[…] el Congreso promulgó la Sección 1650a, supra nota 1, para dar efecto a las obligaciones convencionales de los Estados Unidos en virtud del Convenio del CIADI, exigiendo a los tribunales estadounidenses que otorguen “plena fe y crédito” a los laudos del CIADI.”
Y concluye que: “El tribunal de distrito ejerció su jurisdicción en virtud de la excepción de arbitraje de la FSIA, y estaba obligado por el artículo 1650a a ejecutar el laudo válido del CIADI de los Micula.”
El caso Micula en breve
Rumanía firmó un Tratado Bilateral de Inversiones con Suecia en 2003 que consideraba el recurso al arbitraje de inversión. Los Micula, suecos, junto a otros inversores invocaron la violación de este tratado y presentaron arbitraje de inversiones contra Rumanía ante CIADI en 2005.
La entrada en el año 2004 de Rumanía en la Unión Europea provocó que el país derogara un decreto que la Unión no consideraba que siguiera sus políticas comunitarias.
En el arbitraje, los demandantes reclamaban más de 800 millones de dólares en aportaciones de compras o importaciones de maquinaria, materias primas, terrenos, edificios, equipos y medios de transporte para instalaciones de producción de alimentos en regiones desfavorecidas de Rumanía (ver: Micula v. Romana (I), Investment Policy Hub, UNCTAD). El tribunal (L. Lévy, S.A. Alexandrov y G. Abi-Saab) emitió el laudo en diciembre de 2013 y concedió a los inversores una indemnización de más de 116 millones de dólares.
La Comisión Europea, tras un pago parcial de Rumanía, consideró esa indemnización como ayuda estatal incompatible con las normas de la Unión.
En 2015, los inversores indemnizados presentaron varios recursos contra la decisión de la Comisión ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que en junio de 2019 anuló la decisión de la Comisión y dictaminó que el laudo no era ayuda de Estado para los inversores antes de la adhesión de Rumanía a la Unión.
La apelación a esta decisión se presentó ante el TJUE y la Comisión Europea pretendía que se anulara la sentencia del TGUE de junio de 2019. El TJUE decidió finalmente en contra de los Micula.
