Real Hearing. Tan real como en el tribunal

En enero de 2017, el consorcio Nuevo Metro de Lima -encargado de la ampliación de la Línea 2-, integrado por Cosapi, Impregilo, Iridium Concesiones de Infraestructura -filial de ACS-, Vialia Sociedad Gestora de Concesiones de Infraestructura -filial de FCC-, Ansaldo Breda y Ansaldo STS, presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversión, Ciadi, una demanda de arbitraje contra la República de Perú en relación con incumplimiento del contrato de concesión.

 

Según el Informe Económico y Financiero de ACS correspondiente al ejercicio 2017, el incumplimiento se debería a:

  1. la falta de entrega del Área de la Concesión en los plazos y condiciones establecidos en el contrato de concesión, y
  2. la falta de aprobación y aprobación tardía de los Estudios de Ingeniería de Detalle.

El citado informe explica que: “A través del memorial de demanda presentado por la sociedad concesionaria el pasado 23 de enero de 2018, se ha solicitado una ampliación de plazo de ejecución de las obras del Proyecto, y una indemnización por daños y perjuicios superior a 400 millones de dólares americanos, que incluye daños que afectan a distintas partes intervinientes en el Proyecto (grupo constructor, proveedor de material rodante, etc.) cuya legitimación para exigirlos podría ser cuestionada.”

Se estima que el laudo arbitral podría emitirse en julio de 2019.

El Gobierno peruano reclamaba más de 200 millones de dólares por retardo en la entrega de los terrenos saneados, mientras que Consorcio Nuevo Metro de Lima alegaba que los terrenos no presentaban las condiciones pactadas en el contrato y de ahí los retrasos

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