La Sociedad Portuaria de Buenaventura ha iniciado un arbitraje contra la Agencia Nacional de Infraestructura colombiana (ANI) en el que reclama el cambio de una cláusula en el contrato de concesión para poder operar el terminal marítimo. El arbitraje se ha presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y la sociedad reclama, además, 4.000 millones de pesos (cerca de un millón USD).
La reclamación de la administradora del Puerto de Buanaventura busca poder operar y explotar las operaciones del puerto, para ello se debe modificar una cláusula del contrato de concesión fechado en 1994 que prohibe a la sociedad operar el puerto siguiendo la normativa establecida en el Decreto 838 de 1992, por medio del cual se reglamenta el régimen de concesiones y licencias portuarias previstas en la Ley 1ª de 1991:
“Tratándose de concesiones en puertos de servicio público de carga general, la estipulación de que se permitirá que los terceros presten servicios de operación portuaria dentro de sus instalaciones y de que las sociedades portuarias no operarán, a menos que ello sea estrictamente necesario por razones técnicas o porque no exista otra alternativa” (ver “Nuevo lío en el puerto de Buenaventura: llega otra demanda contra la Nación por incumplir contrato de la terminal“, Cambio, 12.09.2024).
Sin embargo, en 1997 el Consejo de Estado derogó la cláusula en cuestión y otros puertos colombianos sí cambiaran los términos de la concesiones.
En 2022, la Sociedad Portuaria Buenaventura solicitó el cambio formal a la ANI que aprobó el trámite, peto nunca llegó a firmarlo.
La Sociedad busca la modificación para evitar que terceros, que prestan servicios de operación en el puerto, impidan sus operaciones apoyándose en la susodicha cláusula, y reclama en el arbitraje incumplimiento de contrato de la ANI, ante su negativa a firmar la modificación (ver “Millonaria demanda de la Sociedad Portuaria de Buenaventura contra la ANI por contrato de concesión para operar directamente el puerto“, Semana, 12.09.2024).
Un anterior arbitraje
En 2022, un tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá dio la razón a la ANI en un arbitraje iniciado por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, que demandaba medio billón de pesos colombianos por, entre otros, los efectos económicos de la pandemia Covid-19.
