Colombia enfrenta dos nuevos arbitrajes de inversión relacionados con la nacionalización del banco Granahorrar en 1998. Uno de ellos se ha registrado ante el Ciadi y el otro se administra bajo reglas Cnudmi.
El pasado 9 de marzo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) registró el arbitraje de Astrida Benita Carrizosa contra Colombia invocando los Tratados Bilaterales de Inversiones de Colombia – India de 2009 y Colombia – Suiza de 2006, por la intervención de la entidad financiera Granahorrar por parte del Gobierno colombiano en 1998.
La demandante cuenta para su defensa con el despacho Bryan Cave (Miami, FL, USA). Aún no se ha designado al tribunal.
Por otro lado, con fecha de solicitud de 24 de enero de 2018, Colombia enfrenta la demanda de arbitraje presentada por los hermanos Alberto, Felipe y Enrique Carrizosa Gelzis, en esta ocasión bajo reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas por el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) e invocando el Tratado Libre de Comercio Colombia-Estados Unidos.
Arbitraje internacional tras demandas en tribunales colombianos
En 2014, los Carrizosa perdieron una demanda contra Colombia a través de la que pretendía recibir una indemnización de 600.000 millones de pesos por la intervención de Granahorrar (ver “Dos millonarias demandas enfrenta Estado contra exsocios del liquidado Banco Granahorrar“, Periódico Amarillo, 12.03.2018).
La Corte Constitucional de Colombia basó su decisión en que la toma de posesión de la corporación por parte del Gobierno no requería: “previo aviso puesto que es una medida de carácter preventivo, en aras de salvaguardar los intereses de los usuarios” (ver “El pulso que perderán accionista de Granahorrar“, Semana, 03.05.2014).
Intervención de Granahorrar
En octubre de 1998, el Gobierno colombiano de Andrés Pastrana intervino la corporación financiera Granahorrar por problemas de liquidez y cese de pagos a proveedores, producto de la crisis inmobiliaria vivida en Colombia a finales de los 90. Los demandantes acusan al Estado de irregularidades en el proceso de intervención y, entre otros, consideran que nunca se verificó la insolvencia del banco ni se les notificó la decisión.
