Según diversas informaciones en prensa, China habría demandado a México vía arbitraje invocando el Acuerdo bilateral para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) México-China por la cancelación del contrato de licitación del Tren México-Querétaro en marzo de 2015, así como una segunda licitación. La reclamación ascendería a 600 millones de dólares.El consorcio formado por las empresas propiedad del Estado chino: China Railway Construction, CSR Corporation Limited, junto a cuatro compañías mexicanas (GIA+A, Prodemex, GHP y Constructora Teya) obtuvieron la licitación favorable en noviembre de 2014, sin embargo a través del informe, de 13 de marzo de 2015, de la Cámara de Diputados de México efectuado por una “Comisión Especial para revisar el proceso de licitación, emisión de fallo y su cancelación, para la construcción del Tren México-Querétaro”, se decidía no firmar el contrato amparándose en el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
El aviso de intención de acudir a arbitraje habría sido presentado por las empresas chinas en octubre de 2015 amparándose en el APPRI citado en el primer párrafo de esta información (ver “Por cancelación de Tren México-Querétaro, China reclama 600 mdd a México“, EP, Regenaración, 22.11.2107).
Según el Artículo 13.3 del APPRI México-China, la controversia podrá ser sometida a arbitraje de conformidad con:
- el Convenio del Ciadi, siempre que tanto la Parte Contratante contendiente como la Parte Contratante del inversionista sean partes del Convenio del Ciadi;
- el Reglamento del Mecanismo Complementario del Ciadi, cuando la Parte Contratante contendiente o la Parte Contratante del inversionista, pero no ambas, sea parte del Convenio del Ciadi;
- las Reglas de Arbitraje de la Cnudmi; o
- cualesquiera otras reglas de arbitraje, si las partes contendientes así lo acuerdan.
La información publicada por el portal Aristegui Noticias “China reclama a México 11 mil millones por cancelación del Tren México-Querétaro, Sebastián Barragán, 22.11.2017″, que ha tenido acceso al documento de reclamación de las chinas, explica que éstas acusan a México de expropiar sus inversiones “debido a que resultaron ganadores de la licitación”. Asimismo, consideran que las autoridades mexicanas “no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal”.
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